La ourensana María del Carmen Acuña se muestra "molesta" por la difusión de unos hechos presuntamente delictivos que, en su opinión, "no son noticia porque no tienen nada que ver con mi actividad política", tal y como dejó claro ayer en una conversación telefónica con FARO.
La parlamentaria del PSdeG-PSOE no entra a valorar las imputaciones de la justicia porque desconoce los términos de la investigación, iniciada hace cinco años en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de O Barco de Valdeorras. "Yo no sé absolutamente nada. Lo último fue una visita, que no una declaración, al despacho de un juez en 2010. Ni siquiera tengo abogado". Tal y como consta en autos, Acuña sí llegó a prestar declaración por la querella del banco. Su versión y la de su amiga figuran en los folios 192 a 194, y 197 a 199, de las diligencias previas 365 / 2010.
Acuña desconoce la exposición razonada que el juzgado de O Barco ha remitido al Tribunal Superior de Xustiza para que se decida la competencia de la investigación; "entiendo que forma parte de los trámites de la justicia, pero nadie me ha notificado nada". Sí que tuvo constancia del suplicatorio remitido al Parlamento de Galicia, el pasado mes de marzo, en el que se pedía a la Cámara que certificara la condición de aforada de la política socialista.
Cuando disponga de la información y del relato de hechos que sostiene la justicia en su contra, la diputada decidirá "si considero que debo dar detalles". Porque Carmen Acuña, que se pregunta dónde tiene "un enemigo", insiste en que la investigación se centra en unos hechos que "nada tienen que ver con mi actividad y mi vida política. Es un asunto privado y me siento injustamente tratada".
La ourensana ejerció como avalista de "una amiga", tal y como ha hecho en otras ocasiones para ayudar a conocidos, confiando en ellos, manifestaba ayer. Según recoge el escrito de hechos de la instructora, Acuña y la particular presentaron presuntamente "justificantes de ingresos falsos" para contestar a las reclamaciones de cantidad del banco, después de varios incumplimientos de las cuotas y tras un intento fallido de lograr un acuerdo sin necesidad de acciones legales. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil concluyó que la documentación aportada "resultó ser una falsificación", como precisa la juez en el escrito dirigido al Tribunal Superior.
Frente a estas conclusiones de la magistrada instructora por una presunta tentativa de estafa, la parlamentaria gallega contestaba ayer: "No he presentado ningún papel en ningún sitio; no he presentado ni un sello. Tampoco sé si la persona a la que avalé en su día presentó documentación alguna".
