Una presunta falsedad y estafa denunciada por un banco apunta a la diputada ourensana del PSdeG-PSOE María del Carmen Acuña. La titular de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de O Barco de Valdeorras, Nuria Valladares, elevó hace unos días un escrito al TSXG, para que el alto tribunal de Galicia tome las riendas de la investigación por indicios de delito de la aforada. La parlamentaria autonómica avaló en un préstamo a una amiga, T.M.B. Tras varios impagos y un acuerdo fallido con la entidad, presuntamente habrían falseado justificantes de ingreso para aparentar que cumplían con las letras.
Según la exposición de los hechos que la magistrada de O Barco ha remitido al Tribunal Superior, "la finalidad que se pretendía conseguir es a todas luces fácil de entender: producir un engaño al banco para que tuviera esas cuotas como pagadas y así no abonarlas ellas, una como obligada principal y la otra como solidaria". A criterio de la instructora, los hechos "encajan plenamente" con un presunto delito de falsedad documental y estafa, "si bien en grado de tentativa puesto que no llegan a conseguir su finalidad". Acuña y la particular "eran o podían ser beneficiadas en el caso de que el banco no se hubiera percatado".
El supuesto engaño fue descubierto y denunciado por el Santander, mediante una querella, en el año 2010. La particular y la diputada llegaron a declarar como querelladas en el juzgado local. Las dos negaron delito alguno, pero la magistrada de O Barco argumenta que "en las declaraciones no se da una explicación lógica de por qué se presentan esos documentos falsos".
Según explica ahora el juzgado, la Fiscalía se enteró de la "posible condición de aforada" de Acuña. "Al objeto de evitar cualquier tipo de nulidad y dotar de todas las garantías al proceso", aclara la magistrada, el ministerio público tomó la iniciativa en enero de recurrir para que se hiciera constar el aforamiento, de modo que el Tribunal Superior, órgano competente, pudiera actuar.
El pasado mes de marzo, el Parlamento de Galicia certificó que la ourensana Carmen Acuña, licenciada en Medicina y con 20 años de ejercicio en el hospital de Valdeorras, es diputada del PSdeG, en el que milita desde 1986. Fuentes del caso aseguran que la entidad desistió tras esa comunicación. La magistrada de O Barco acordó entonces remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Xustiza, como órgano competente para continuar la instrucción y juzgar los hechos.
El TSXG, explican fuentes del proceso, contestó pidiendo que se le pormenorizaran los hechos para adoptar una decisión. Es lo que trata de resolver la juez con una explicación razonada, de fecha 2 de octubre, dirigida a la Sala de lo Civil y Penal.
El Superior resolverá ahora si existe base para investigar a la diputada del PSOE en su condición de aforada. El juzgado de O Barco explica al detalle el contexto de los hechos. Antes de la querella hubo reuniones con el banco y una vía civil. La particular suscribió un contrato de préstamo con el banco. Acuña aparecía como avalista solidaria. Como consecuencia de varios incumplimientos de las cuotas, y tras varias conversaciones para intentar llegar a un acuerdo, el banco instó dos procedimientos para reclamar las cantidades sin cobrar.
La Guardia Civil vio falsedad
Según la instructora, las dos mujeres se opusieron a los pleitos, negando que fueran deudoras. Para ello aportaron una documentación justificativa del pago de diversas cuotas, pero que "a la postre se evidenció falsa, como mecanismo para eludir sus obligaciones".
Los papeles levantaron las sospechas de los empleados de la entidad financiera. Tal y como expone la juez de O Barco, en realidad eran "una falsificación por reproducción o fotocopia de un documento indubitado y sustitución de un número por otro". Así lo determinaron los expertos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. "Ante un justificante verdadero del pago de una cuota", explica la magistrada de O Barco, "cambiaban el número del mes para dar una apariencia de autenticidad, y así pretender no pagar diversas cuotas que eran debidas a la entidad". Las dos mujeres abonaban indistintamente las cuotas mensuales para hacer frente al pago de un leasing. "Los justificantes de ingresos falsos fueron presentados por ambas querelladas en sus respectivas contestaciones". Presuntamente, la particular y la diputada "tenían conocimiento de la deuda, cuestión no negada por ninguna en la declaración en calidad de imputadas, y de que se estaba comenzando un proceso civil para la reclamación de cantidades".
La elevación, o no, del caso a la instancia de los aforados es una decisión exclusiva del TSXG, ya que como recuerda la instructora de O Barco "un órgano judicial inferior no puede plantear cuestión de competencia a otro superior, sino exponer razonadamente los motivos que considere". Es lo que ha hecho, de la mano con la Fiscalía Provincial.
