El juez da traslado a la Fiscalía para que, en el plazo de 10 días, pida la apertura de juicio contra los 7 imputados, o el archivo. El ministerio público aún podría proponer alguna prueba más si entiende que la instrucción no ha terminado.
La Fiscalía calificará los hechos como un delito de prevaricación continuada. La última reforma del Código Penal, en vigor desde el 1 de julio, elevó las penas por esta infracción a entre 9 y 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público para la "autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".
Con todo, fuentes judiciales explican que en el caso de las asistencias la petición tendría que situarse entre los 7 y 10 años que contemplaba la redacción anterior, puesto que los hechos son de hace años y en el ámbito penal siempre se aplica la ley más favorable.
Creen que falta un auto
Algunas defensas consideran que el caso no puede llegar a juicio, sin que el juez dicte un auto para procesar formalmente a los 4 expolíticos del BNG. Así lo especificó la Audiencia, en julio, al imputarlos en firme.
