La investigación se abrió en 2013 por una denuncia conjunta de USO y CIG

El exalcalde Rodríguez, otros 5 expolíticos y un técnico, a un paso del banquillo por 5 contratos

El juez dice que el funcionario "dio amparo al ilícito proceder" de los cargos, que prorrogaron asistencias externas pese al "centenar" de reparos del interventor -Se suma a las imputaciones por prevaricación de 2 excargos del PSOE y 4 del BNG

08.10.2015 | 04:42
El exalcalde Rodríguez y la exconcejal de Urbanismo son dos de los siete imputados. // Iñaki Osorio

Nació del enfrentamiento de dos sindicatos, USO y CIG, con el anterior gobierno del PSOE y acabó arrastrando a varios excargos del bipartito local. El mayor coste político de la denuncia registrada a finales de 2013 lo pagaron políticos nacionalistas. El caso de las asistencias técnicas acerca al banquillo a 7 excargos de Ourense, ya retirados: el exalcalde Francisco Rodríguez (2007-2012) y la responsable de Urbanismo entre 2007 y 2015, Áurea Soto, del lado del PSOE, así como los exediles o exdirectores xerales Fernando Varela, Xosé Carballido, Xosé Somoza e Iolanda Pérez, quienes llegaron a ser exculpados pero fueron reimputados a petición de la Fiscalía.

Los dos últimos dimitieron tras su citación en calidad de imputados; Somoza era portavoz municipal del BNG, Pérez, la número 3 de Anova. A los 6 investigados por un presunto delito de prevaricación se les ha sumado el funcionario jefe del área de Rehabilitación, Vivenda y PERI, José Manuel O. R. Esa es su situación después de un auto conocido ayer del magistrado de Instrucción Uno, Leonardo Álvarez. El juez ve indicios para atribuir ese delito, por omisión, al técnico. "Omitió gravemente las obligaciones inherentes a su cargo", afirma en el auto.

En su departamento se concentraron varios asistencias técnicas de personal ajeno y el técnico "respaldó de forma continuada" los contratos irregulares, por el hecho de no haber emitido "ningún informe que pusiese de manifiesto la ilegalidad de dichas fórmulas contractuales, a pesar de reconocer que los reparos formulados por el interventor se ajustaban a derecho".

La contratación reiterada de cinco profesionales sentará en el banquillo de acusados a los siete aludidos. Llegaron a ser llamados a declarar hasta 11 exresponsables del gobierno bipartito de Ourense. El juez imputa finalmente a 7 por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, puesto que los contratos se encadenaron a pesar de las objeciones del interventor. "Todas las facturas de los trabajadores contratados fueron objeto de reparo", subraya el magistrado. Fueron aproximadamente "un centenar".

Las irregularidades observadas por el fiscalizador se basaron en tres irregularidades: que los profesionales externos emplearan las instalaciones del Concello para desarrollar su actividad, que las prórrogas de contratos superaron la norma y por el fraude de ley que implica esta práctica laboral, al propiciar sentencias judiciales declarando fijos a trabajadores ajenos.

Al exalcalde Francisco Rodríguez, el juez lo acerca al banquillo por "levantar una y otra vez" los reparos del interventor, "sin esgrimir en ningún momento una razón que justificase dicha actuación". En este caso también fue imputado y después absuelto el anterior regidor, Agustín Fernández, una vez que "revirtió la situación poniendo fin a estos contratos". Tras el cese de esta práctica de personal, en 2013, los trabajadores afectados demandaron y la justicia declaró improcedentes sus despidos. El gobierno optó por readmitirlos.

El funcionario "no cuestionó"

Para basar la última imputación de esta causa -la única que aún admite recurso ante la Audiencia Provincial-, Leonardo Álvarez sostiene que el funcionario "contribuyó al favorecimiento de esta situación". "A lo largo del tiempo que duraron los contratos denunciados no cuestionó ni una sola vez la forma en la que habían sido celebrado, a pesar de que su trabajo consistía en emitir informes sobre expedientes administrativos y sobre el funcionamiento del servicio, tanto sobre necesidades materiales como de personal".

Según el instructor, el funcionario "dio de este modo amparo al ilícito proceder, tanto de los responsables del área en cuyo seno se utilizaba de forma ilegítima la fórmula de las asistencias técnicas, como del señor alcalde Francisco Rodríguez". El técnico fue el último en declarar en esta causa, cuando ya se había resuelto sobre la imputación de los políticos, algo que reprochan varias defensas consultadas ayer. Sobre la versión de José Manuel O.R., actual jefe de servicio el PERI, el juez concluye que "omitió gravemente las obligaciones inherentes a su cargo, dando de este modo amparo tácito a las ilícitas contrataciones que se hacían en el ayuntamiento".

No valen avisos "de palabra"

Según el magistrado, la declaración que prestó el pasado junio fue "poco creíble cuando pretender hacer creer que actuó con absoluta diligencia al advertir siempre de palabra a los responsables de las áreas afectadas sobre la irregularidad de las contrataciones". "Lo normal hubiera sido emitir un informe jurídico por escrito desde el primer momento que el interventor puso de manifiesto la ilegalidad de las asistencias técnicas, haciendo constar con absoluta claridad la situación ilegítima que se estaba creando con las asistencias técnicas denunciadas".

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