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La causa sobre el presunto trato de favor a los promotores, a la espera hasta que examinen al testigo clave

El juez requiere al Imelga para saber si el exsecretario puede declarar

El exsecretario, en primer término, en una imagen de 2006. // Iñaki Osorio

El magistrado de Instrucción Número Uno de Ourense, Leonardo Álvarez, ha remitido un oficio al Instituto de Medicina Legal (Imelga) para que los expertos forenses examinen al que fuera secretario del Concello de Ourense, Mariano Rodríguez. El juez considera clave su declaración para poder dirimir las responsabilidades penales por el hecho de que el ayuntamiento no reclamara el 10% de derechos urbanísticos a los promotores privados. El técnico, ya jubilado, firmó un informe que condujo al pleno a aprobar por unanimidad, en 1994, -gobernaba el socialista Manuel Veiga Pombo- la cesión del 100% del suelo a los constructores. Los médicos tendrán que plasmar por escrito si Rodríguez se encuentra en condiciones de prestar declaración, sin necesidad de desplazarse.

La exedil Áurea Soto, responsable del área entre 2007 y 2015, sostiene una denuncia que, apoyada en un informe municipal cifra en 1,6 millones de euros la supuesta malversación agravada de fondos públicos por permitir que los constructores desarrollaran sus proyectos urbanísticos, sin repercutir ningún porcentaje al erario municipal.

Hace más de un año que la exconcejal puso en conocimiento de la justicia la existencia de 15 promociones urbanísticas aprobadas entre 1997 y 2002 en las que el Concello no había recibido la cesión municipal del 10% regulada por ley. La exconcejala acudió al juzgado en respuesta a las múltiples causas judiciales a las que tuvo que hacer frente. Una de ellas, la de la Plaza San Antonio, -instruida por el mismo juez del caso 10%- la lleva al banquillo de los acusados en noviembre.

Desde la apertura de diligencias penales, solo ha declarado como imputado el exedil de Urbanismo de Ourense entre 1999 y 2003, Ricardo Campo Labrador. En ese periodo se gestaría el PXOM finalmente anulado en 2011, tras 9 sentencias de nulidad y un cambio acreditado de edificabilidades. El imputado dijo que no se exigía el 10% en virtud del acuerdo unánime del pleno, con base en el informe del exsecretario que proponía permitir a los constructores el derecho del 100% ante las dudas acerca de poder exigir la cesión sin que existiera, entonces, un planeamiento adaptado.

Sin embargo, el pasado mes de septiembre, dos funcionarios ratificaron ante el instructor Leonardo Álvarez sus informes en los que ya advertían de que la cesión municipal era una obligación recogida en la Ley del Suelo de Galicia del año 1997, por lo que se estaba "incumpliendo lo legalmente dispuesto". En particular, uno de los técnicos ratificó que "el aprovechamiento susceptible de apropiación para el particular estaba fijado en el 85%".

Tras ese acto, Áurea Soto reiteró al juez su petición de que sean interrogados como imputados los exalcaldes del PP Manuel Cabezas (1995-2007) y Poly Nóvoa. La socialista acusa a esos gobiernos de "regalar" suelo y se queja de la demora en el caso. Pero el magistrado no adoptará ninguna decisión hasta escuchar al exsecretario.

El pasado mes de mayo, Mariano Rodríguez no declaró porque se encontraba hospitalizado en Canarias. El pasado 17 de junio alegó enfermedad el mismo día en que estaba prevista una videoconferencia. La denunció pidió al juzgado que requiriera a la Policía para llevarlo a declarar, si fuera preciso.

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