El BNG advierte que el "caso depuradoras" se sigue investigando en la vía penal, después de conocerse una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entiende "no entra a valorar el recurso que presentó la Diputación, y tan solo se limita a decir que el reintegro de la subvención de fondos europeos prescribió".
Es por eso que para el diputado nacionalista Ramiro Rodríguez "difícilmente podemos considerar, a diferencia de lo que dijo el presidente de la institución, Manuel Baltar, que se trate de una victoria jurídica". Y señala que, en todo caso, la Abogacía del Estado está valorando si recurrir esa sentencia.
No obstante, el nacionalista dice "congratularse de que la irresponsabilidad de Baltar y el gobierno popular no nos suponga a los ourensanos la pérdida de 10,2 millones de euros", de las subvenciones de fondos europeos recibidas.
Rodríguez recalca que el hecho de que el Juzgado nº2 de Ourense siga investigando la posible comisión de un delito en la gestión de los fondos, muestra que "hay pocos elementos para la euforia", al entender que lo que está en cuestión no es tan solo la devolución del dinero, sino la comisión de "prácticas de dudosa o nula legalidad de la gestión de los mismos". Unas prácticas que para Rodríguez no se limitan únicamente al plan Daredo y Deputrans.
Lo que también anunció el diputado del BNG, dado que todo hace indicar que el presidente de la Diputación disponía del contenido de la sentencia desde hace varios días, es que pedirán una reunión urgente de la comisión, que en su día se creó para tal fin, para analizar la sentencia y la repercusión para la institución provincial.
