En previsión de una sentencia desfavorable para la Diputación, el Ministerio de Hacienda ya había aceptado hace un año compensar la devolución de los 10,12 millones de euros de las depuradoras con la deuda de 4,9 millones que el Estado mantiene con la institución correspondiente a fondos europeos retenidos. De esta forma, en caso de hacerse efectivo el expediente de reintegro, la Diputación solo tendría que devolver 5,2 millones.

Este posible desembolso pendía sobre la institución y la oposición ha preguntado reiteradamente al presidente José Manuel Baltar sobre esto. En el pasado pleno en el que se aprobaron los presupuestos los grupos volvieron a criticar que no se reservase una partida y nuevamente el gobierno del PP mostró su confianza en una resolución favorable. Ayer mismo, Baltar advertía de que las cuentas están saneadas y preparadas para hacer frente a cualquier imprevisto.

El portavoz del grupo socialista, Ignacio Gómez, también mostró su satisfacción por no tener que devolver los 10 millones de euros pero insiste en que la sospecha judicial por posible fraude sigue abierta y es objeto de investigación en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense. De hecho, su partido está personado en la causa: "Como institución y ciudadano es una alegría, pero la sospecha sigue y lo que dice esta sentencia es que el reintegro está prescrito; no valora si hubo o no irregularidades en el proceso". El BNG comparte los argumentos con el PSOE: "Nos congratulamos pero la prescripción no implica que no se hayan cometido irregularidades, y esa investigación sigue abierta."