En el debate también se pusieron sobre la mesa las dudas que existen sobre el futuro de la ordenación urbanística provisional. Así, el portavoz de los socialistas, Vázquez Barquero, planteó una pregunta directa: "¿Qué pasará cuando la justicia resuelva la constitucionalidad de la ordenación provisional?". Una alusión dilecta a la situación en la que puede quedar la ciudad, ya que la misma ampara a una treintena de proyectos que se ejecutaron, como el edificio judicial, y a otros que están en fase de construcción, como el centro de salud de O Couto, así como iniciativas en el ámbito privado.

El edil de Democracia Ourensana, Pablo Prol, también hizo referencia a esta cuestión, y advertía de que "puede irse a pique la ordenación por no realizar la exposición al público". Un riesgo de que se anule, cuya responsabilidad traslada a la Xunta y al anterior gobierno municipal del PSOE. Sin olvidarse de que la situación de paralización se debe a la anulación del PXOM de 2003, que aprobó un gobierno del Partido Popular.

Lo que resultó paradójico al portavoz de OUC, Martiño Vázquez, es "escuchar hablar al edil de Urbanismo de seguridad jurídica después de lo que pasó", en referencia a la anulación del plan y de la más que probable ordenación provisional.

Una cuestión que para el gobierno popular no está clara, por lo que eluden adelantar acontecimientos, aunque son partidarios de esperar la resolución judicial al respecto. De ahí que consideren necesario centrar todos los esfuerzos en avanzar para poder llevar a cabo la aprobación definitiva de un nuevo y necesario planeamiento urbanístico.