El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto a favor de la Diputación Provincial de Ourense el recurso presentado por la institución contra la decisión del Ministerio de Hacienda, que en junio de 2014 acordó reclamar el reintegro de los 10 millones de euros recibidos para la instalación de un centenar de pequeñas depuradoras en poblaciones de la provincia.
El alto tribunal estima la alegación presentada por la Diputación y considera prescrita la acción para el reintegro de la cantidad subvencionada. Tampoco procede la imposición de costas.
Presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, acaba de dar a conocer esta sentencia que tiene fecha del 30 de septiembre. Mostró su total satisfacción por lo que considera una "victoria jurídica" de la institución.
También anunció que aportará esta resolución a la documentación que obra en poder de los juzgados de Ourense, donde se investiga un posible delito penal en la gestión de estos fondos europeos. El caso fue detectado por la oficina antifraude de la UE cuyo informe fue trasladado a la Fiscalía por los grupos de la oposición. Por el momento está imputado un funcionario de la institución. La sentencia abre un plazo de 10 días para interponer recurso de casación.
