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Inspectores de la UE acudirán a Ourense para explicar al juez el presunto fraude de las depuradoras

El caso lleva meses parado por el trámite de notificar a los técnicos

El juez Luis Doval escuchará en noviembre a los dos inspectores al servicio de la Unión Europea que plasmaron en un informe las presuntas irregularidades en el proceso de puesta en marcha de un centenar de depuradoras en aldeas del rural ourensano. Los técnicos tienen su oficina en Bruselas y, tal y como interpretan las fuentes del proceso, se desplazarán a Ourense para dar su versión sobre la labor inspectora que desempeñaron para la agencia europea contra el fraude, la OLAF.

Los técnicos M.E.M.L. y J.M.M. elaboraron un informe tras visitar la Diputación de Ourense en 2012. Se reunieron con funcionarios y recabaron documentación sobre los proyectos "Daredo" y "Deputrans", dos planes cofinanciados por la UE que sembraron el rural, entre 2003 y 2004, con un centenar de depuradoras de residuos para dar servicio a pequeños núcleos de población. Algunos alcaldes limitaron su uso al ver excesivo el gasto en luz.

Los dos proyectos recibieron 10,12 millones de euros de fondos europeos FEDER, que Hacienda ha reclamado a la Diputación. El gobierno de Baltar consiguió reducir la cantidad a la mitad, en compensación por las deudas pendientes del Estado en otros planes de la UE. Además, el reintegro restante no se acometería hasta que finalice la vía penal.

La citación a los inspectores de la OLAF se produce a instancias de la Audiencia Provincial. La sala ordenó reabrir el caso, que el anterior titular de Instrucción Dos, Antonio Piña, archivó parcialmente al no ver indicios de delito en el proceso de adjudicación. Fue una de sus últimas resoluciones antes de ascender a presidente de la Audiencia. El pasado marzo, el tribunal ordenó la reapertura al considerar "escasa" la instrucción practicada.

En el informe de los agentes a servicio de Bruselas, tal y como hizo constar la Audiencia Provincial, "se asienta la causa" y "se vierten graves irregularidades detectadas en la contratación, que en síntesis pueden ser resumidas en el claro favorecimiento de unas empresas, del mismo grupo, excluyendo toda posible competencia". Las conclusiones de la OLAF, que aludía a posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias e incluso fraude al presupuesto de la UE, representaron para el tribunal "importantes indicios de comisión criminal que no han sido desvirtuados a lo largo de la instrucción".

La sala tuvo en cuenta que "solo se han recibido declaraciones a los implicados en las contrataciones, bien técnicos de la Diputación, bien representantes de la empresa; y por tanto interesados en diluir sus propias responsabilidades en las irregularidades denunciadas".

En este caso ejerce la acusación el PSOE. Su abogado, José Arcos, propuso la citación de políticos, como el expresidente José Luis Baltar y el que fue su vicepresidente, el actual delegado de la Xunta, Rogelio Martínez. En la providencia donde daba trámite al mandato de la Audiencia, el juez Doval respondía que "una vez verificado y a la vista del resultado de tales declaraciones" [las de los dos inspectores] "se acordará en orden al resto de diligencias de instrucción interesadas en su día o aquellas que pudieran considerarse necesarias". El único imputado, de momento, es un funcionario jefe de la Diputación de Ourense.

La investigación judicial lleva 6 meses parada en el mismo punto. Fuentes del proceso lo explican por los problemas y aclaraciones con la notificación de los técnicos. Su domicilio a esos efectos está en Bruselas. Entienden las mismas fuentes que el interrogatorio a ambos peritos se realizará en persona, puesto que de momento ninguno ha pedido al juzgado comparecer por videoconferencia.

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