Las condenas a menores en la provincia de Ourense se vieron reducidas un 36 por ciento durante el año 2014. Durante ese año los jueces ourensanos dictaron y comunicaron 63 sentencias firmes a menores entre 14 y 17 años frente a las 99 del año anterior. Casi la mitad, 28, corresponden a jóvenes que se acercan a la mayoría de edad, mientras que solo siete afectan a adolescentes de 14 años.
También son más frecuentes las condenas en chicos, con 52 resoluciones condenatorias frente a las once dirigidas contra mujeres. Asimismo, y según los datos que publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, solo en el 11% de los casos las medidas judiciales adoptadas contra los menores infractores implicaron régimen de internamiento. Esto en números implica que 11 de un total de 100 medidas aplicadas fueron de régimen cerrado, frente a 23 órdenes de libertad vigilada, 10 de permanencia en centros durante los fines de semana, 31 de realización de tareas socioeducativas y otras 14 medidas de otro tipo.
Por nacionalidad, de los 63 condenados en firme durante 2014, 52 son españoles y once, extranjeros.
Otro de los datos que aporta esta estadística se refiere al tipo de infracciones cometidas por estos menores con sentencia firme. Cuarenta de los 63 son autores de una única infracción penal y, entre ellos, 22 fueron condenados por un delito y 22, por una falta. Los 23 restantes cometieron dos o más infracciones.
El número de infracciones penales en menores registradas en 2014 se eleva a 102, de las cuales 86 fueron cometidas por hombres y 16 por mujeres. Ochenta son españoles y 22, extranjeros.
En lo referente a los datos por adultos, también se observa una reducción de las sentencias condenatorias en 2014 con respecto al ejercicio anterior, si bien es más leve que en el caso de los menores, concretamente, del 3,5 por ciento, con 1.456 procesados condenados en firme el año de estudio frente a los 1.510 de 2013.
La mayoría de los penados fueron juzgados por un delito (1.206) y solo 250 se enfrentaron a un tribunal por dos o más. A la hora de dictar sentencia, son muchos más los que reciben dos o más penas (1.218), mientras que 238 sentencias solo recogen una pena. En total se impusieron 3.982 penas, de las que 840 fueron de prisión, 35 más que el año anterior. Del resto, 742 son de inhabilitación para el empleo, 623 de privación para conducir y 122 para tenencia de armas; otras 148 prohiben aproximarse a la víctima, 128 comunicarse con ella, 691 son trabajos en beneficio de la comunidad, 681 multas y dos son expulsiones del territorio nacional.
