La Fiscalía y el Abogado del Estado pedían una condena de 7 años de cárcel para cada uno de los dos acusados de un fraude millonario por evitar tributar los impuestos especiales del alcohol con una sociedad cuyo objeto social era la fabricación, elaboración y venta de productos alimenticios y bebidas. La evasión de tributos sumó 2,69 millones de euros. Ayer, los dos imputados, D.V.P. y C.G.D. decidieron asumir los delitos a cambio de una rebaja sustancia de la condena, que será comunicada en los próximos días por el Juzgado de lo Penal Número Uno de Ourense.
El engaño fue cometido hace más de una década, por lo que la justicia reconoce una circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Cada uno de los acusados aceptó una condena de 1 año y medio por dos delitos contra la Hacienda Pública y uno tercero continuado de falsedad en documento mercantil.
Esta condena queda supeditada al pago de una multa difícil de asumir. La conformidad no evita que los evasores tengan que abonar los 2,69 millones de euros defraudados a la administración. También han de pagar una sanción de 480 euros como castigo adicional por el delito de falsificación. Según indicaron ayer fuentes judiciales, en el caso de que la pareja no satisfaga la multa, la pena de prisión se vería incrementada hasta un total de 23 meses para cada uno.
En la fase de ejecución de sentencia, será potestad de la magistrada decidir si la pena se le suspende a los dos imputados -la mujer está enferma-, o alguno tiene que ingresar por algún periodo de tiempo en el centro penitenciario.
Ella era la fundadora y administradora única hasta septiembre de 2005 de una Sociedad Limitada constituida tres años antes, y cuyo objeto social era la fabricación, elaboración y venta de todo tipo de productos alimenticios y bebidas.
El denominado régimen suspensivo los autorizaba para recibir alcohol no desnaturalizado y bebidas alcohólicas sin límite de cantidad, y sin tener que abonar el impuesto especial que grava estos productos. Tal y como se considera probado, los imputados constituyeron la sociedad con con el único ánimo de defraudar los tributos, eludiendo el debido pago llegado el momento. Formalizaron el engaño en dos ocasiones, en 2003 y 2005.
Sellos falsos de Aduanas
Recibían las bebidas en régimen suspensivo y las vendían a terceros no sometidos a dicha exención. Los acusados fijaron un precio sensiblemente menor al valor de mercado y sin documentar las transacciones, obteniendo de esta manera un enriquecimiento injusto mediante las ventas ilegales. Para dar apariencia de legalidad a las operaciones, falsificaron distintos documentos con los que pretendían acreditar la distribución de sus productos a sociedades sometidas al régimen suspensivo. En los papeles falsos simularon firmas de distintas personas y estampillados de sellos oficiales correspondientes a servicios aduaneros. Tampoco eran ciertos los datos sobre fechas de expedición y recepción, transportistas o destinatarios finales.
En un solo trimestre, el último de 2003, declararon haber realizado el envío de aguardiente blanco mediante el régimen suspensivo por más de 318.000 litros. Los acusados expidieron un total de 22 documentos falsos para simular estas operaciones, haciendo constar un sello de la Aduana de Alemania y la firma de funcionarios ficticios. De esta manera defraudaron 2,356 millones de euros.
Actuaron de modo similar entre el 6 de junio y el 11 de julio de 2005. Según ha quedado acreditado, simular entregas ficticias por un total de más de 45.000 litros. Nunca llegaron a la empresa aludida por los acusados. Falsificaron tres documentos y un sello para simular que las bebidas habían sido introducidas por la Zona Franca de Barcelona. En este segundo caso, el fraude superó los 340.000 euros.
