El Concello de Ourense reclama el IBI por la vía de apremio al matrimonio al que tiró su casa

- El ayuntamiento requiere casi 1.000 euros de contribución, como si la finca fuera urbana -La demolición costó 37.000 euros a los perjudicados - "Vencen y quieren aniquilarnos"

21.09.2015 | 10:53
Miguel Rodríguez, propietario de la vivienda // Brais Lorenzo

Los sinsabores no terminaron para Rosa Alonso y Miguel Fernández con la lucha infructuosa contra el derribo de su casa y la acción devastadora de la piqueta, que puso fin a una vivienda de 25 años que se fundía con la naturaleza en Barreiros, en el núcleo rural de Reza. Tras la demolición, que tuvieron que costear de su bolsillo -más de 37.000 euros-, se suceden el "despropósito" y la "falta de sensibilidad", en palabras de Rosa. Esta semana, recogió en el buzón una carta certificada del Concello de Ourense. En la oficina de Correos se consumó la indignación. El ayuntamiento reclama por la vía de apremio a la propietaria para que abone cerca de 1.000 euros por la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles de una finca urbana. La casa en la que crió a sus dos hijos es solo un solar con piscina desde el mes de junio.

La institución da de plazo hasta el 5 de octubre para que el matrimonio ingrese el tributo de 2015 o irá a la vía ejecutiva. El Concello reclama 847,24 euros por el tributo más 84,72 en concepto de recargo y 2,8 euros de costas del proceso. Rosa lo devolvió en julio tras haberse consumado la demolición. La deuda total comunicada esta semana a Miguel y Rosa asciende a 934,76. "No se trata solo de vencernos, parece que quieran aliquinarnos", dice Rosa con amargura. "Entiendo que el ordenador pudiera lanzar una carta por error, pero lo normal es que en el Concello hubieran notificado escritos a la entidad bancaria y al Catastro, dejando claro el estado". Su abogado estudia el caso.

Desde la demolición, que lograron aplazar unos días al subrayar que la acción municipal carecía de licencia y proyecto aprobado, se han sucedido más episodios indeseados por el matrimonio y su entorno. Denunciaron un intento de apropiarse de piedras y la retirada de cimientos en contra de lo que establecía el proyecto; comunicaron al Seprona el estado en el que quedó el solar, infestado de plásticos, cristales y otro materiales, y han reclamado respuestas, sin éxito, sobre el destino y tratamiento de los residuos de la demolición.

Tampoco están de acuerdo con el importe del derribo, del que piden explicaciones. La caída del PXOM en 2011 dejó fuera de cobertura a la casa, convirtiendo la finca en rústica. Los afectados de Reza exigieron la devolución del aval y también pretenden que el Concello reingrese el IBI que no tuvo reparos en cobrar como bien urbano pese a ejecutar la demolición por ser una casa sin licencia, en cumplimiento de un auto firme y tras las persistentes denuncias del vecino de al lado. "No nos pueden tener de contencioso en contencioso", claman.

Además, tres de los numerosos amigos que acudieron a Reza a movilizarse contra el derribo y arropar al matrimonio, recibieron en agosto multas de 100 euros por saltarse el cordón de los antidisturbios.

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