Dos técnicos ratifican que informaron sobre la obligación de los promotores de ceder el 10%

El juez decidirá si cita al exalcalde Cabezas y al exedil Poly Nóvoa como pide la denunciante Áurea Soto -El perjuicio suma 1,6 millones en 15 promociones entre 1997 y 2002

16.09.2015 | 22:41
Áurea Soto. // Jesús Regal

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense retomó ayer la investigación sobre las cesiones urbanísticas que el Concello de Ourense dejó de recibir durante los gobiernos del PP con Manuel Cabezas al frente. Dos funcionarios ratificaron ante el instructor Leonardo Álvarez sus informes en los que ya advertían de que la cesión municipal era una obligación recogida en la Ley del Suelo de Galicia de 1997 y de que se estaba "incumpliendo lo legalmente dispuesto". En particular, uno de los técnicos ya señalaba y ayer ratificó que "el aprovechamiento susceptible de apropiación para el particular estaba fijado en el 85%".

Esta causa, en la que por el momento solo está imputado el entonces responsable de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador, se abrió a raíz de la denuncia presentada por la exedil socialista, Áurea Soto, en respuesta a la múltiples causas judiciales que cayeron sobre ella, una de las cuales (la de la Plaza San Antonio) la sentará en el banquillo de los acusados el próximo mes de noviembre. Hace más de un año que la exconcejal puso en conocimiento de la justicia la existencia de 15 promociones urbanísticas aprobadas entre 1997 y 2002 en las que el Concello no había recibido la cesión municipal del 10% regulada por ley, lo que supuso un perjuicio para la administración local cuantificado de 1,6 millones de euros, según figura en un informe elaborado en 2004 por dos técnicos municipales.

Soto, que se ha quejado de la demora que acumula esta investigación, ha reclamado que se cite también al entonces alcalde Manuel Cabezas, y a los miembros de la comisión de Urbanismo, entre ellos el que también fue edil de Urbanismo, Enrique Poly Nóvoa. Esta decisión la tomará el juez en los próximos días.

Hasta la fecha han pasado por el juzgado por esta causa la propia denunciante, Áurea Soto, y los dos arquitectos municipales que firman el informe de 2004 que cuantifica en 1,6 millones de euros el perjuicio para el Concello de Ourense por lo que Soto ha denominado siempre "un regalo" a los constructores. También fue interrogado en condición de imputado el exconcejal Ricardo Campo Labrador, y está pendiente todavía la declaración del exsecretario municipal, Mariano Rodríguez, que ya ha sido citado pero no ha comparecido por su estado de salud.

Ayer estaban citados tres jurídicos, pero solo dos se presentaron ante el juez. La denunciante, Áurea Soto, ironizó sobre la "dificultad" existente en este proceso "para que la gente declare", en contraposición con las causas por las que ella se vio afectada durante el ejercicio de su cargo público y que aun siguen en marcha. "Llevamos más de un año y tal y como dice el informe de los técnicos de Urbanismo y el Consello de Contas hablamos de casi 2 millones de euros, pero no parece prioritario", lamentó.

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