El presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, ha hecho llegar a todos los ayuntamientos, consorcios y mancomunidades un decreto con firma del 1 de septiembre en el que declara la "imposibilidad" por parte de la institución provincial de proveer de modo general las tesorerías de las entidades locales de menos de 20.000 habitantes. El pasado 11 de julio entró en vigor una disposición transitoria que establece la obligación de que estas funciones sean ejercidas por funcionarios de carrera. Esta medida deja sin efecto en el caso de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes la habitual posibilidad de que un concejal de la corporación ejerciese estas funciones. En la provincia de Ourense, 84 de los 91 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes están afectados.

Esta norma, aplicada en pleno verano, ha generado confusión entre la mayoría de los alcaldes de la provincia y algunos de ellos han formulado consultas a la Diputación, ya que la disposición establece que cuando los concellos no puedan disponer de este personal sean los funcionarios de carrera de la Diputación los que la ejerzan.

El decreto de la Presidencia, basado en un informe previo de la Secretaría Xeral, reconoce que es "materialmente imposible" que antes del 1 de enero de 2016 la Diputación pueda proceder al nombramiento de funcionarios de carrera para proveer las tesorerías de todas las entidades locales previsiblemente afectadas y que "únicamente" tendría capacidad para atender aquellos casos puntuales en los que los concellos no puedan de ningún modo asumir esa función mediante un funcionario propio. Con este supuesto se refiere a los ayuntamientos que carecen de funcionarios en su plantilla y que se da con frecuencia en mancomunidades y consorcios. La Diputación estima que el número de afectados "es mucho más bajo y sí podrían atenderse desde la institución". En la comunicación enviada a los alcaldes, el presidente provincial les pide que acrediten de forma rigurosa su situación y explica que el nombramiento de funcionario tendrá efectos hasta el 31 de diciembre de 2015, con posibilidad de prórroga durante 2016. Además, se exige que se de cuenta del informe que justifique esta petición al pleno.

Para el resto de los casos, Baltar ha designado al tesorero jefe de la Diputación como coordinador de los funcionarios municipales nombrados para ejercer estas funciones , que estará a su disposición para todo tipo de consultas relacionadas.