Veinte meses después de que el Juzgado Contencioso Administrativo número Dos de la ciudad dictase sentencia firme obligando al Concello de Ourense al pago de una indemnización a la constructora Proavia SL afectada por la inejecución de un convenio urbanístico debido a la caída del PXOM de 2003, el gobierno municipal aprobó ayer el reconocimiento del pago de 2,6 millones de euros a la sociedad y la consignación de 434.000 euros más en una cuenta indicada por el juzgado para posibles gastos futuros o intereses.
El acuerdo se alcanzó en un pleno de carácter extraordinario, el último del actual mandato, y con el gobierno en funciones. Pero no por ser la sesión de cierre se suavizaron las relaciones entre los grupos políticos marcadas estos últimos tres años por la bronca y la crispación.
El PP mantuvo sus reproches al alcalde socialista, Agustín Fernández, por la "deuda" que deja en el Concello de Ourense por las aceras de su casa y recurrir la devolución al Ministerio de Hacienda de la ayuda recibida. El BNG le recriminó la desidia y demora para ordenar el pago a Proavia frente a las carreras de última hora para derribar la casa de Reza. Y Democracia Ourensana, en cambio, solo tomó la palabra unos segundos para preguntarle al regidor "si es verdad que deja Hacienda y se va a Copasa". Por su parte, el grupo de gobierno socialista se mostró frío y parco en argumentos, con una mínima intervención de trámite del portavoz José Ángel Vázquez Barquero al inicio y otra de cierre a cargo del regidor en la que confirmó que el lunes 15 se incorpora a su puesto en la Agencia Tributaria y justificó la orden de demolición en Reza: "Solo cumplimos una orden judicial". Agustín Fernández levantó la sesión que duró 22 minutos y abandonó el salón de plenos abucheado por los vecinos y activistas que acudieron al Concello indignados por la entrada de las máquinas en la citada vivienda.
Antes de irse dio cuenta de la votación del último acuerdo plenario en el que con el apoyo del PP no solo autoriza la indemnización al grupo inmobiliario reconocida por sentencia judicial firme de octubre de 2013, sino que evita la comisión de un posible delito de desobediencia. Una providencia del Contencioso número Dos de Ourense del 22 de mayo advertía de esta posibilidad si no se hacía efectivo el pago y abría la puerta a un requerimiento personal al alcalde "con indicación de nombre y apellido". El portavoz del PP no duda que esta providencia es la que ha agilizado el desenlace de uno de los episodios que más confrontación ha generado el último año: "La urgencia es por el señor alcalde, no por el interés general, por la desobediencia judicial y las multas coercitivas al alcalde", indicó.
El importe total del pago asciende a 2.694.501 euros, de los que algo más de 2,5 millones corresponden al daño emergente por el pago de los terrenos y 165.689 euros a los intereses de demora que se han ido acumulando desde que en octubre de 2013 el juez fijó la indemnización. Tras un intento fallido de aprobar el pago el pasado día 3 y frenado por el PP que advirtió de que la cantidad que se pretendía aprobar no coincidía con la que recogía el auto judicial, los votos a favor del PSOE y el PP dieron luz verde al pago. El BNG y Democracia Ourensana se abstuvieron.
El portavoz del PP, Rosendo Fernández, remarcó que la modificación en la cantidad reconocida prueba que su grupo tenía razón hace una semana y advirtió al alcalde que "cuando se rectifica es cuando se acierta". En todo caso, reprobó la demora en el pago de la indemnización y recriminó al grupo de gobierno socialista que este retraso supone el pago de más de 160.000 euros de intereses de demora: "Por la incompetencia del alcalde, nos corresponde pagar 1,42 euros a cada uno de los 107.000 habitantes de la ciudad", criticó.
