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El Juzgado obliga al Concello a aprobar en pleno el pago a Proavia

El magistrado advierte de "desobediencia" de no abonar los 2,5 millones

Parcela de Proavia objeto del convenio urbanístico. // Iñaki Osorio

Al Concello de Ourense y, sobre todo al alcalde, Agustín Fernández, no le quedaba otra. De ahí la convocatoria de un pleno extraordinario que se celebra hoy para aprobar la modificación de crédito para hacer frente al reconocimiento extrajudicial del pago de la indemnización a la empresa Proavia de algo más de 2,5 millones de euros, así como los intereses de demora, que superan los 160.000 euros, por incumplir el convenio urbanístico suscrito en su momento.

El último auto judicial fue determinante, al adoptar medidas concluyentes después de que se dilatase en el tiempo la ejecución de sentencia, firme al no haber recursos por el concello que pactó con la empresa, desde octubre de 2013. El retraso del ejecutivo socialista en cumplir con el mandato del juzgado se convirtió en un motivo de crítica habitual para la oposición. De nada sirvió el argumento del gobierno socialista en funciones de que la demora en el pago se debía a la espera de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2014.

Así, un auto judicial de 27 de abril se daba un plazo hasta el 15 de mayo para hacer frente al pago. Como no se concretó, el 22 de mayo el Juzgado Contencioso Administrativo de Ourense emitía una nueva providencia más determinante, si cabe, en el sentido de que el nuevo plazo finaliza el 6 de junio. Con la advertencia expresa de que de no cumplirse con ese plazo, se procedería a decretar sanciones a título individual.

Un mensaje directo al propio Agustín Fernández, ya que en el auto del juez se requiere "personalmente al alcalde del Concello de Ourense, con indicación de nombre y apellidos, para que en el plazo de quince días proceda a satisfacer las cantidades adeudadas, a saber 2.528.812 euros de principal, más 620.000 euros que prudencialmente se fijan para intereses, gastos y costas... bajo apercibimiento de que se podrán imponer multas coercitivas desde 150 a 1.500 euros y de que podrían incurrir en un posible ilícito penal de desobediencia a mandato judicial".

Expediente

Con la liquidación del presupuesto del 2014 resuelta, el expediente se completó con el informe de fiscalización de Intervención, que daba luz verde para esa modificación de crédito y poder pagar la indemnización a Proavia.

Una cuestión que fue objeto de las duras críticas desde los grupos municipales de la oposición, que acusan al alcalde y al gobierno socialista de ser los "responsables directos" de que el Concello deba pagar más de 160.000 euros en intereses de demora, al "despreciar" el informe de intervención que en su momento planteó la modificación de crédito para pagar la indemnización.

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