A los 5 días del falso ataque de unos encapuchados por el que Isabel Fuentes ingresó en estado crítico en el hospital de Ourense -todo apunta a que el marido simuló un intento de robo tras golpearla brutalmente en la cabeza con un martillo-, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Verín recibió un atestado de la Guardia Civil en el que los agentes volcaban las sospechas sobre Aniceto Rodríguez Caneiro, de 75 años, "el principal sospechoso", según expusieron, de una tentativa homicida en el domicilio conyugal. La consumó hace hoy una semana, tras acuchillar hasta la muerte a su esposa, de 66 años, en la cama del hospital. Llevaba un mes luchando por su vida, respiraba por sí sola y ya respondía con gestos al personal médico. Presuntamente por miedo a que lo delatara y ante la recuperación progresiva de la mujer (iban a cerrarle la traqueotomía, un paso más parar volver a comunicarse), Aniceto completó un acto criminal que se atribuye a posibles celos.
Tras el primer ataque, la Policía Judicial desarboló al marido en dos interrogatorios en calidad de denunciante y con una inspección ocular que negaba, con evidencias físicas, la intervención de terceras personas en el suceso ocurrido a las 0,30 horas de la madrugada del 1 al 2 de abril en el domicilio conyugal de Pazos (Verín). La juez instructora, que 21 días después rechazó mantener más tiempo a la paciente en un servicio de visitas restringidas como Reanimación o pinchar el teléfono al hombre (rebajó a "conjeturas y suposiciones" las sospechas policiales), no dio carpetazo a esa línea de investigación ya que, entre otros motivos, estaban pendientes informes para descartar al completo la posibilidad de un robo con violencia. Hace hoy una semana, cuando la verinesa murió asesinada en la cama por el hombre que era su pareja desde hacía 27 años, los informes de laboratorio -posibles huellas y ADN- aún no habían llegado al juzgado.
A pesar de su criterio divergente con la Guardia Civil, la magistrada era consciente del riesgo y estuvo pendiente de Isabel, según las fuentes de su entorno. Cuando el 28 de abril denegó prolongar la estancia de Isabel Fuentes en Reanimación, tal y como pretendía la Guardia Civil tras advertir del "peligro" de la presencia de Aniceto, la juez argumentaba que "ya se ha oficiado a dicho hospital para que comunicasen a la mayor brevedad el traslado de la lesionada a la planta desde el servicio de reanimación, en cuyo caso si procediese se adoptarían medidas adecuadas".
Le preocupaba que, una vez recuperada y con capacidad para comunicarse, alguien -sin señalar al marido ni un autor concreto- "pudiera coaccionarla" para que no declara o señalara culpables por el ataque de abril en el domicilio.
La Guardia Civil mantuvo vigilancias de paisano, intentado pasar desapercibido por la planta, y el personal hospitalario confirma que la unidad les previno de que sus sospechas se centraban en el marido pero carecían de mayor amparo legal para intervenir en el centro.
En cambio, desde el entorno de la magistrada se apunta a que por parte de la juez existieron comunicaciones verbales con los investigadores, una vez que Isabel Fuentes salió de Reanimación y la posibilidad de visitas de su marido y otros familiares se ampliaron a la práctica totalidad del día. La juez había pedido que la avisaran del hospital cuando la señora recuperar la conciencia. Entre tanto, se mantenía al tanto de su evolución en contacto con los policías judiciales. A los agentes les dijo que "establecieran las medidas oportunas de vigilancia en la planta", aseguran fuentes judiciales, transmitiendo la versión que ha mantenido desde que se consumó el crimen.
Ese primer atestado de la Policía Judicial de Verín, con seis indicios que señalaban a Aniceto llevó a Cristina María Fernández Viforcos, la magistrada titular de Instrucción Uno de Verín y responsable de Violencia de Género de la comarca desde hace menos de un año, a decretar el secreto de actuaciones. La medida continúa sobre la causa, aunque de facto varios detalles hayan salido a la luz tras el trágico crimen cometido en el hospital. No está previsto que la magistrada levante el velo que restringe detalles de la instrucción hasta que Aniceto Rodríguez Caneiro pueda prestar declaración en sede judicial.
La misma juez llevará el caso
El presunto asesino permanece estable en el servicio de Reanimación del CHUO. Está consciente y atentido por el mismo personal sanitario que cuidó a su víctima durante un mes. Es probable que Aniceto Rodríguez Caneiro pase antes por el módulo de reclusos del Hospital Santa María Nai, antes de recibir el alta médica, y sea puesto directamente a disposición judicial en Verín, sin declaración policial previa, toda vez que formalmente es un preso preventivo. Tampoco se descarta que la juez de Violencia de Género de Ourense le tome declaración como imputado y remita las diligencias realizadas a Verín. En los crímenes machistas los procesos se instruyen en el partido judicial de referencia al domicilio de la víctima. La instrucción competerá a la misma juez que al principio apuntó a un robo y no a una agresión doméstica.
El crimen de Isabel Fuentes ha puesto el foco sobre el sistema de protección a las víctimas y la coordinación entre instituciones tras el error que permitió a su asesino pasar la noche con ella, en la habitación del hospital, antes de asesinarla. La Fiscalía, que ha pedido el levantamiento del secreto de sumario y estudiaba medidas para proteger a la mujer tras la petición del jefe de la Comandancia de Ourense, emitió ayer un comunicado desde la Fiscalía Superior de Galicia. El ministerio público ofrece su "respaldo jurídico" y asegura que "atenderá y colaborará en todo lo necesario" a la familia de la mujer asesinada en el CHUO.
El fiscal superior, Fernando Suanzes, que el lunes presidió una reunión periódica con los fiscales delegados de Violencia de Género -el de Ourense se hará cargo de la fase de instrucción del crimen- expuso su "máxima preocupación por lo ocurrido".
La institución establecerá una reunión anual, como mínimo, de los siete fiscales especializados de las grandes ciudades gallegas, "para exponer y analizar los problemas detectados en su labor, proponer soluciones y revisar la aplicación de los protocolos de violencia contra la mujer".
Además, la Fiscalía Superior ve necesario reforzar la asistencia letrada de oficio a las víctimas en dependencias policías y solicitará a Instituciones Penitenciarias un programa similar a los delincuentes viales para los maltratadores condenados a trabajos sociales.
