El gobierno socialista no tiene fecha en el calendario para el pago de la indemnización a la empresa Proavia, de 2,5 millones de euros, por incumplimiento del Concello de un convenio urbanístico, como establece una sentencia firme, y el pago de los intereses de demora generados, que superan los 150.000 euros, según reconocía ayer el portavoz y edil de Hacienda, José Ángel Vázquez Barquero. La justificación es la de que en estos momentos se está pendiente de "armar" el correspondiente expediente , que incluye la fiscalización de intervención, para llevar al pleno del Concello la modificación de crédito y hacer frente al reconocimiento de la deuda.
"No me atrevo a dar una fecha", asegura a FARO Vázquez Barquero, después de advertir que se trata de un expediente que no lleva directamente, y señala al área de Urbanismo, que en la actualidad lleva directamente el alcalde, Agustín Fernández, desde el momento en que abandono la corporación la ex edil Áurea Soto, nada más conocerse el auto de juicio oral al estar imputada en el denominado caso de la Plaza de San Antonio por prevaricación continuada.
Lo que aclaró el portavoz del gobierno local es que después de la liquidación del ejercicio de 2014, el Concello cuenta con "importante remanente de tesorería -ahorro en las arcas municipales- para hacer frente al pago", pero eso lleva consigo una tramitación en la que asegura se está trabajando para proceder al pago de la indemnización a Proavia.
Esa disponibilidad de dinero, que forma parte de lo que el alcalde denominó "forrollo" que le queda a la corporación que salga de las elecciones municipales del 24 de mayo, permitirá hacer frente al pago de la indemnización y de los intereses de demorara que se generaron desde el momento en que la sentencia fue firme en octubre de 2013.
Sobre lo que evitó pronunciarse Vázquez Barquero es en lo relacionado con el plazo dado por el Juzgado para el pago de la indemnización y los intereses, que finaliza el próximo 15 de mayo, dentro de cinco días. Y se remite al alcalde, que en el último pleno celebrado por la corporación anunció la convocatoria de una sesión extraordinaria para proceder a la aprobación de la modificación de crédito, que saldría adelante al anunciar el grupo popular que la apoyaría.
Riesgo de embargo
Sobre está cuestión, el portavoz popular, Rosendo Fernández, advertía ayer sobre las consecuencia de no cumplir el plazo establecido por el juez, y que llevaría consigo "un riesgo real: el embargo de las cuentas del Concello, excepto las que afectan al gasto de Personal". Una cuestión que "es de lo más preocupante", asegura, pero que pone de manifiesto la "inutilidad e incompetencia manifiesta" que demostró en este y en otros asuntos, el gobierno socialista, del que dijo "está en retirada".
Una preocupación que también comparte la portavoz del grupo del BNG, Susana García, que considera el caso Proavia como la deriva de la "pésima gestión presupuestaria" que por parte del gobierno se llevó a cabo en los últimos cuatro años. Y lamentar que el portavoz del gobierno y responsable del área Económica, Vázquez Barquero, "no informe", y lo que considera más lamentable, "que no reconozcan los errores y sean humildes".
Y si García espera que no se llegue al embargo de las cuentas del Concello, que lo colocaría en una "situación límite", el portavoz de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, reconocía que "no existen calificativos" para lo que está sucediendo, aunque dice que se trata de "una chapuza, un despilfarro de dinero público y, sobre todo, una tentado del gobierno socialista contra el Concello". Además de manifestar que la "gestión surrealista" de los socialistas lleva a que los ourensano tengan que pagar 150.000 euros en intereses de demora.
