En medio de la controversia que genera la decisión del fiscal de pedir que se cite como imputados a todos los miembros de la Junta de Gobierno que aprobaron el nombramiento de Carmen Rodríguez como directora xeral de Personal del Concello, con cruce de declaraciones, así como de acusaciones en las que se alude al ámbito judicial, lo que queda claro son la existencia de dos sentencias: una de primera instancia, del Juzgado Contencioso Administrativo, que anula dicho nombramiento, y otra del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que la ratifica.

De ahí que se rubrique la "ilegalidad" cometida en el nombramiento, por lo que fuentes de la magistratura no entienden que a día de hoy se pueda insistir por parte de algunos responsables políticos -en concreto de miembros de la Junta de Gobierno-, que se actuó "dentro de la legalidad". Y advertir que, una vez se sustancia la cuestión en la vía Contencioso Administrativo, ahora, después de la denuncia presentada por USO, en base a la sentencia del alto tribunal gallego, que plasma la existencia de desviación de poder en el acuerdo adoptado -el nombramiento- se pasa a la vía Penal, proceso en el que se está.

Y concretar que esa desviación de poder se convierte en un presunto delito de prevaricación, en el sentido de adoptar una resolución a sabiendas de que era ilegal, y es lo que se sustanciará en el Juzgado de Instrucción Número 3.