En la mayoría de juzgados de Ourense se exhibe una esquela que critica, con sarcasmo, la ley estatal que propone entregar la gestión pública de los registros civiles a los notarios y registradores mercantiles. También son decenas los funcionarios que cada día atienden en sus puestos con la camiseta amarilla que rechaza la privatización. El 15 de julio entraría en vigor una reforma que supondrá la entrega de trámites, libros y datos personales a funcionarios no remunerados por el Estado, por lo que partidos, funcionarios y sindicatos deducen que obligará a pagar por todos los actos, tras la aplicación de los aranceles de los profesionales.
UGT cifró en 506.000 euros el "negocio estimado" del cambio de gestión, solo en esta provincia. No se ha establecido el coste futuro de gestiones actualmente gratuitas, pero algunos ya se atreven a estimarlo: 20 euros por registrar a un bebé o una partida de nacimiento, 40 euros por inscribir una defunción, de 100 a 150 euros por casarse por lo civil o sacar un duplicado del libro de familia.
Una oficina como la de Ourense, tercera ciudad gallega, expidió en un solo año 11.031 certificaciones y 5.868 inscripciones. Trámites más o menos habituales como registros de nacimientos y defunciones, solicitudes de nacionalidades o fes de vida e incluso el inicio del papeleo para casarse por lo civil, dependen de la labor de un servicio que es público y gratuito desde el siglo XIX. Por eso, según las funcionarias de la oficina de Ourense, se está registrando un aluvión de peticiones. "La gente está apurando a hacer trámites pensando en que, a corto plazo, tendrá que pagar".
La reforma también amenaza, de acuerdo a la interpretación de funcionarios y sindicatos, a las oficinas de los concellos, lo que para una provincia rural con distancias a la capital de hasta 2 horas supondría un perjuicio.
La plataforma contra la privatización del Registro Civil ha convocado una manifestación de ámbito gallego que parte esta tarde, a las 20,30 horas, del Puente del Milenio, en la zona del pabellón de Os Remedios, para terminar ante la Subdelegación.
En las últimas semanas se han celebrado asambleas en O Barco, Verín y Xinzo para recabar apoyo ciudadano. Se han recogido más de 2.000 firmas contra la reforma.
