Mes y medio de mudanza al nuevo edificio judicial de Ourense ha dejado un parte diario de quejas e incomodidades, incluso de indignación, por parte de funcionarios, operadores jurídicos y ciudadanos. La falta de ventanas y luz natural, la ubicación de los servicios de mayor afluencia de público en el sótano -1, la escasa iluminación en las oficinas judiciales, las diferencias de temperatura, y hasta los problemas de accesibilidad expuestos por escrito por dos discapacitados, jalonan la breve historia de un edificio proyectado para paliar la falta de espacios y otras carencias del antiguo inmueble de Concepción Arenal, donde solo permanecerán el servicio de Menores (Fiscalía, juzgado y equipo social), así como las dos secciones de la Audiencia Provincial.

Mañana finaliza el periodo de traslado y la próxima semana, los jueces (cerca de una veintena) están citados a una junta para debatir sus demandas y quejas. Sobre la mesa figurarán propuestas concretas para requerir a la Xunta, por ser la titular de una infraestructura de 17 millones de euros, que acometa mejoras y reformas interiores. La sede fue inaugurada por autoridades políticas y judiciales, como los presidentes de la Xunta y el TSXG, el 23 de febrero. Hay obras y retoques que se ven ya como inaplazables.

La primera se ha aprobado de forma satisfactoria en la oficina del juzgado de Instrucción Número Tres. El 9 de abril, operarios instalaron más puntos de luz porque, con las barras previstas en el proyecto, existían zonas de sombra que impedían ver para trabajar. Según la delegación territorial de la Xunta, la claridad era "suficiente" pero se accedió a un "ajuste" para "mayor comodidad" de los funcionarios.

La administración se enmendó a sí misma, al adelantar cambios antes de que concluyera el traslado. Además de ensayar la mejora de la iluminación, encargó a una empresa contratada que midiera el nivel electromagnético de una oficina tras las quejas de funcionarios que dijeron sentir "descargas". Un ingeniero descartó riesgo alguno.

Una vez concluyera el traslado, la Xunta dijo que estudiaría las quejas y solicitudes. UGT denunció dos veces ante la Inspección de Trabajo, y la autoridad laboral ya ha requerido documentación. La junta de jueces de Ourense, descontentos en su mayoría con el diseño del flamante edificio, no será la única que debata y proponga mejoras.

Otras reuniones

El decano, Leonardo Álvarez, pretende hablar con sindicalistas, el fiscal jefe -su departamento es el único satisfecho, ya que reclamó mejoras durante el proyecto,- la secretaria coordinadora y el director del servicio forense del Imelga, para conocer la opinión de todos los sectores y unificar las demandas a la administración. Al finalizar el juez enviará un escrito con las peticiones a la delegación de la Xunta.

Álvarez quiere que se retiren los baños públicos instalados en mitad del pasillo entre la segunda y cuarta plantas, donde se reproducen los diferentes juzgados. Los aseos tapan la escasa luz que puede llegar al lugar de trabajo de los funcionarios.

Además, el magistrado no comparte que el acceso principal al nuevo edificio sea por dos puertas giratorias (hay otras dos laterales para sillas de bebé y discapacitados, que solo se abren por dentro). El magistrado decano propondrá abrir ventanas en el juzgado de guardia y consensuará una ubicación más adecuada de la oficina de atención al ciudadano, que actualmente ocupa un pequeño habitáculo en una esquina del sótano, de espaldas a la escalera para el público.