Dos tercios de la población de Ourense residen en el rural; 135.000 en localidades que no llegan a los 5.000 vecinos. La reforma del Registro Civil que entra en vigor el 15 de julio suprimiría los juzgados de paz y alejaría de los pequeños concellos trámites imprescindibles como inscripciones de nacimientos o peticiones de fe de vida (un certificado necesario para poder cobrar la pensión). Los vecinos de la parte más envejecida de la provincia -con distancias de más de 2 horas en coche y 2.600 núcleos de población- tendrían que desplazarse a la capital. El cambio implicará además que notarios y registradores sean los que asuman la prestación de un servicio público y gratuito desde 1871, y que el año pasado realizó 15.000 trámites, solo en la ciudad. Al frente de funcionarios, sindicatos, abogados, procuradores y partidos de la oposición se sumó ayer el PP de Ourense, el grupo de gobierno de la Diputación.
En contra del criterio de la formación a nivel nacional, que ampara la reforma impulsada por el Gobierno Rajoy (en trámite parlamentario), el PP provincial se adhirió al rechazo a la privatización del servicio. Tres de las siete funcionarias del Registro Civil de Ourense y el delegado de UGT, Manuel González, estaban entre el público del salón de plenos. Saludaron con aplausos la incorporación a la causa del PP. En palabras del portavoz, Plácido Álvarez, "haremos las gestiones y presiones oportunas".
"Nos sorprende gratamente. Bienvenidos a la razón, a la lógica y al servicio público", reaccionó Mónica Vázquez, procuradora de profesión y diputada del PSOE. "Voten o mesmo en Madrid", instó Xaime Iglesias, del BNG. El PP tendrá la oportunidad de volver a definirse en las mociones, calcadas a la de ayer, que la oposición registrará en los concellos para mantener vivo el debate.
