Aumenta el número de actores que observan carencias en el nuevo edificio judicial de Ourense y problemas asociados a la mudanza, a la que aún resta un mes de traslados. SPJ-USO, el sindicato mayoritario de la junta de personal, ha remitido a la Dirección Xeral de Xustiza un escrito de tres folios con su diagnóstico de deficiencias. Además de reclamar mejoras estructurales que coinciden con las peticiones de funcionarios y sindicatos (mejorar la iluminación, retirar del pasillo los baños que impiden la entrada de luz a las oficinas o controlar la climatización), ponen en entredicho las medidas de seguridad. "Aquí nada se mueve hasta que ocurre algo", protestan tras asegurar que "los dos edificios judiciales están vigilados a medias", pese a la reciente oleada de robos de pruebas que se zanjó con el arresto de un trabajador del juzgado con categoría de laboral de la Xunta.

En un cambio de última hora al comenzar la mudanza, la administración decidió compaginar la guarda de las dos sedes con agentes veteranos de Policía Nacional y vigilantes privados. Uno de cada comparte turno en cada uno de los dos edificios. SPJ-USO demanda "más personal", al considerar el actual "claramente insuficiente".

Asimismo, el sindicato hace hincapié en otro problema. Según su versión, cada dos juzgados deben compartir un espacio de archivo con "un descontrol tan grande" que lleva a que "hay juzgados que tienen distribuidos sus archivos en siete espacios diferentes". La mayoría de sedes cuenta con un funcionario del cuerpo de auxilio. La existencia de dos edificios y el hecho de que en el antiguo se acumulen todos los expedientes cerrados anteriores a 2014, obliga a un ir y venir para trasladar asuntos.

SPJ-USO pide que se reagrupen los archivos de cada juzgado en una sola sola, así como la creación de un servicio de traslado de expedientes, con un vehículo para efectuar los desplazamientos. "En algunos juzgados, el traslado puede suponer tener que mover unos 500 kilos de peso a la semana".

Las videoconferencias

El arresto del autor confeso de los robos de relojes, joyas y otros objetos en el juzgado obliga a buscar un sustituto para realizar videoconferencias, una labor de la que se encargaba el detenido. SPJ-USO pide a la Xunta que encomiende esa tarea a personal dependiente de la delegación porque el cuerpo de auxilio, según el mismo argumento empleado para los traslados de expedientes, "ya no no puede asumir más funciones".