A la Policía Nacional de Ourense le han desaparecido seis pistolas en perfecto estado y aptas para disparar, de las que nada se sabe, en el espacio de mayor seguridad de la Comisaría Provincial, una sala de acceso restringido, tipo búnker, que tiene dos puertas bajo llave (una de ellas blindada) así como videovigilancia las 24 horas. Las cámaras se instalaron, precisamente, tras la primera de las dos sustracciones de armas que han tenido lugar en el edificio policial los últimos seis meses. Los investigadores extrajeron hace días las imágenes; que serán analizadas. Solo un policía, instructor de tiro y responsable de la custodia de la sala de armamento, así como su inmediato superior, el secretario general de la Comisaría, tienen llave. Otras fuentes aseguran que existe otra "que a su vez está bajo llave en un cajetín, y allí continúa". Después de dos robos en uno de los lugares más seguros de la sede policial, la cerradura ha sido repuesta otra vez.
En verano faltaron dos revólveres del calibre 38 y una 9 milímetros que pertenecían a agentes jubilados. Hace solo unos días, volvió a suceder: en una revisión se echaron en falta tres armas de uso reglamentario, "HK USP Compact". Los dos sorprendentes robos han permanecido ocultos hasta que ayer los aireó un anónimo. El responsable de la plantilla de unos 200 agentes, el comisario jefe Amable Valcárcel, los confirma.
El denunciante sin identificar también aseguró que una de las armas fue utilizada en el atraco mortal de Vigo, del pasado noviembre, que costó la vida a la agente Vanessa Lage, de 36 años. También fue abatido el propio atracador. Ayer, fuentes oficiales de la Comisaría lo descartaron categóricamente, "al 100%". El arma que acabó con la vida de la compañera fue una Llama 9 milímetros; ninguna de las desaparecidas del búnker de la Comisaría Provincial es de esa marca y modelo.
Nadie ha sido suspendido
El anónimo saca a la luz "un hecho muy grave que se lleva produciendo desde hace tiempo", apuntando a un posible tráfico de armas en la Comisaría de Ourense cuyo fin sería "la venta en el mercado negro, principalmente en la frontera con Portugal". El destino de las armas se está investigando tanto a nivel interno como en la vía de la policía judicial. Fuentes del cuerpo criticaban ayer que las averiguaciones iniciales, remitidas al juzgado y a Madrid, se mantuvieran silenciadas y sin resultado alguno. Está abierto un expediente de información reservada que, de momento, no ha causado suspensión de funciones ni, mucho menos, arrestos.
En el búnker está el arsenal de la Policía Nacional de Ourense. La sala almacena desde armas largas como ametralladoras, rifles, cetmes, o escopetas, hasta las pistolas en depósito que pertenecieron a policías jubilados, o aquellas -como es el caso del último robo, la semana pasada- almacenadas en el armero para servir de repuestos a las armas reglamentarios de los agentes, en caso de avería o eventualidad.
La Comisaría asume que la desaparición solo puede tener responsables internos. No hay signos de fuerza en las puertas del armero, según la inspección ocular realizada por los investigadores, con el mismo protocolo y celo que cuando investigan un delito en el exterior. Las sospechas se acrecientan cuando el segundo robo, registrado la pasada semana, se llevó a cabo a pesar del cambio de cerradura y a la instalación de cámaras de videovigilancia; dos medidas que se pusieron en marcha tras el primer incidente.
De puertas adentro, ya han prestado declaración el policía instructor de la galería de tiro, responsable del armero donde se almacenaban las seis pistolas, así como el secretario general de la Comisaría, que es su superior directo (tiene rango de inspector jefe) y el número 3 en la cadena de mando. Los dos disponen de las únicas llaves de acceso al recinto de seguridad.
En el anónimo conocido ayer, el delator apunta directamente al responsable de las armas, E.A.V, aunque también vuelca culpas sobre los mandos, a los que acusa de "no haber iniciado en ninguno de los casos investigación alguna". Hasta el punto, siempre según este anónimo, que la desaparición de las primeras pistolas, de policías jubilados, "no fue comunicada a sus legítimos propietarios para evitar que trascienda el hecho y evitar que los dueños denuncien".
Tanto el policía como el secretario han declarado a nivel interno. El primero, responsable del búnker, aseguró que "no encontraba explicación" a la desaparición de las armas. En agosto de 2014, cuando se disponía a coger vacaciones, comprobó en el inventario que faltaban tres armas de policías jubilados. Según su entorno, "estuvo una semana revisando expediente por expediente, llamó al servicio de Madrid, a intervención de armas de la Guardia Civil... Lo puso en conocimiento de la superioridad y se abrió una investigación", relataron a FARO.
