"Las consecuencias civiles del delito no sólo se circunscriben a las obligaciones de reparar, indemnizar y restituir (...) sino que estas secuelas pueden consistir, por imperativo legal, en la nulidad de pleno derecho, absoluta y radical de los negocios jurídicos que sean constitutivos o frutos del delito (...) Habrá de ser cuestionada, incluso de oficio, la legalidad de todos los contratos actuales que sean fruto de la resolución administrativa y del contrato inicial en que aquella se concretó en su día, pues de otra manera se premiaría el delito", afirmó el magistrado del TSXG en el auto de procesamiento al exsecretario xeral del PSdeG-PSOE y actual parlamentario autonómico, Pachi Vázquez.

En el mismo auto donde veía indicios de una posible prevaricación del exalcalde de O Carballiño -que él niega esgrimiendo pruebas documentales supuestamente ocultadas por el ayuntamiento-, también se ordenó notificar a los trabajadores contratados, "a fin de que puedan personarse en la causa". En caso de anulación, podrían reclamar indemnizaciones y el concello sería el responsable civil subsidiario.

Con esa amenaza de una posible nulidad, plasmada ya en un auto, la mayoría de los empleados, con la resolución en la mano, mantuvieron ayer una reunión con asesores jurídicos en una nave de obras del polígono de A Uceira, de O Carballiño. Asesores del sindicato CSIF escucharon las inquietudes de los empleados y les transmitieron "tranquilidad", según las fuentes, dado la fase todavía de investigación al exregidor entre 1995 y 2005. El sindicato Comisiones Obreras también ha ofrecido su asesoramiento legal a los afectados. Por el momento, no han acordado una acción legal en común, según las fuentes. De los 36 trabajadores cuya contratación presuntamente ilegal atribuye la justicia al exsecretario xeral del PSdeG, 26 serían los concernidos. Ocho empleados municipales ganaron finalmente la plaza por concurso, una dejó de pertenecer a la plantilla y una última persona ya ha fallecido.

Vázquez, por segunda vez

El TSXG acoge esta mañana la segunda declaración de Pachi Vázquez desde la querella del fiscal jefe de Ourense que lo puso bajo la lupa de la justicia. Y con un contexto muy distinto. Tras el auto que lo procesó por contratar "sin un mínimo expediente, sin mínima acreditación del mérito y capacidad, y sin publicidad alguna", el exlíder del PSdeG compareció y presentó los expedientes que avalarían su legalidad.

Según dijo desde el concello de O Carballiño, gobernado por el PP desde 2011, se ocultaron al fiscal y al TSXG documentos clave cuyos originales, sostuvo, se encuentran en el archivo. También se "alteraron" fechas de contratos". "No sé quién es el responsable de haber mandado datos completamente incorrectos y engañosos, o no haberlos mandado. Imagino que lo determinará la propia justicia (...) El alcalde lo tiene que saber, y la secretaria lo tiene que saber", abundó el actual parlamentario en una entrevista a FARO.

El regidor, Argimiro Marnotes, negó que se escondieran expedientes y se cambiaran fechas y dijo que los oficios llegaron a nombre de la Secretaría Xeral y que fue este servicio que el que encargó de buscarla "en función de lo que se pedía. Nadie del grupo de gobierno, ni el alcalde, manejó esa documentación", afirmó.