La responsable hasta la fecha de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ourense, Áurea Soto, dejará de ser concejala con competencias, según el decreto que firmará este lunes el alcalde, Agustín Fernández, tras el auto de apertura de juicio oral contra la edil por un supuesto delito de prevaricación urbanística.

En sus primeras palabras públicas, en rueda de prensa, Soto defendió su inocencia. Alegó haber obrado "en todo momento para acabar con el status quo de la ciudad". La ex edil de Urbanismo culpó de forma directa a un grupo político y a un promotor de "trabajar para sacarla del medio".

Soto se defendió leyendo un texto que en el que exponía que la situación suya es "consecuencia de una hiperactividad judicial" que comenzó cuando ella llegó al cargo y "cortó e impidió a un promotor llevarse otra vez el 10% de aprovechamiento municipal".

Soto ha recordado que su "lucha" hasta el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para impedir a este promotor esa actuación es la que ha llevado a "denuncias, acusaciones y acosos".

Una de ellas, la que originó el auto de apertura de juicio oral conocido el pasado viernes por prevaricación urbanística en relación a la plaza de San Antonio donde, según ha recordado Soto, legalizó una situación "provocada por licencias otorgadas por el PP anuladas en 1999, 2000, 2001 y 2002 y construidas".

Será el regidor quien asuma sus competencias por el momento, pero al englobar áreas tan extensas efectuará un reparto entre otros miembros del gobierno en los próximos días.

Pese a la oposición de la edil imputada y del propio alcalde, Soto se ha visto obligada a renunciar a su labor por las direcciones gallega y estatal del partido. Los socialistas marcaron en su código ético la línea roja de la dimisión en imputaciones por corrupción en la apertura de juicio oral, hecho que ocurrió el pasado viernes.