La juez Pilar de Lara ha solicitado nuevos datos para indagar en la supuesta financiación ilegal del PP de Ourense, una pieza separada extraída de la macrooperación Pokemon. A partir de las declaraciones del exgerente del partido hasta 2010, Emilio Pascual, así como de la documental aportada por dos empresas y de un informe elaborado por Vigilancia Aduanera, la instructora tiene sospechas de que la actual dirección del partido podría haber mantenido a partir de 2011 el mismo sistema de facturación "falsa y ficticia" del que asegura tener indicios que utilizó el partido hasta 2010 "para encubrir supuestos gastos" del partido.

Si en un primer momento pidió facturas emitidas por una empresa de publicidad y una televisión local privada a nombre del actual presidente José Manuel Baltar y del parlamentario Miguel Santalices, ahora pregunta a una tercera empresa e incorpora a la pieza separada los nombres de 22 dirigentes más, entre los que se encuentra el número dos de la formación, Rosendo Fernández; el subdelegado del Gobierno, Roberto Castro; la directora xeral de Familia, Amparo González; el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; la gerente del CHUO, Eloína Núñez; el exalcalde Enrique Nóvoa "Poly", y el diputado Guillermo Collarte.

La investigación sobre la existencia de una presunta caja B cobró fuerza hace unas semanas con la declaración del exgerente Emilio Pascual, quien afirmó que el PP de Ourense recibía donaciones de dinero que no se reflejaban en la contabilidad oficial. Esto habría ocurrido, según su relato hasta 2010. Ese año se produjo el relevo en la presidencia que pasó de José Luis Baltar a José Manuel Baltar. El cambio se acompañó del cese de Pascual, una decisión personal del nuevo líder por el "pésimo concepto" que tenía de su profesionalidad, según explicó hace tres semanas cuando trascendieron las declaraciones ante la juez.

A raíz de esas afirmaciones, la juez pidió facturas a la empresa de publicidad Planos y a la televisión privada local Telemiño, y esta documentación, todavía incompleta, no ha hecho más que "refrendar" lo declarado por Pascual, indica ahora De Lara. El nuevo auto notificado ayer detalla que, a la vista de las actuaciones practicadas, resultan indicios de que el PP de Ourense "se habría podido financiar ilícitamente a través de un elaborado sistema de facturación falsa y ficticia". Por ahora solo tiene pruebas de que para ello "habría utilizado" a esas dos empresas, pero sus sospechas van más allá del año 2010 e incorpora a Nacher, empresa que en 2011 emitió facturas "presumiblemente por gastos de publicidad electoral" a nombre de Rosendo Fernández, que fue candidato por Ourense en las municipales de ese año, y Guillermo Collarte, que integraba la lista en las generales de noviembre.

La juez da credibilidad a lo dicho por Pascual y sostiene que, tal y como señaló este, "los gastos electorales del PP (fundamentalmente aquellos relacionados con la publicidad), a fin de no superar el límite legal establecido, serían facturados a nombre de diversas personas jurídicas, así como a nombre de diferentes personas físicas que ostentan cargos dentro del PP". Considera la instructora que se deben analizar tanto la forma de pago como los conceptos facturados ya que "a través de este procedimiento se podría estar burlando la legislación electoral y de financiación de partidos políticos, además de implicar un presunto delito de falsedad documental". En este sentido, De Lara incide otra vez en las declaraciones de Pascual que aseguró que en años electorales, las facturas no las pagaban los candidatos, sino el PP, "generalmente en efectivo" y sin que quedase reflejada en la contabilidad oficial "porque el dinero procedía de donaciones ilícitamente recibidas y por tanto, no contabilizadas".

A fin de proseguir con las investigaciones por presuntos delitos de apropiación indebida, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, la juez pide a Planos y Telemiño las facturas emitidas desde 2005 hasta la actualidad a nombre de 22 dirigentes (uno de ellos ya ha fallecido), a Nacher las ya citadas, y a las empresas Aquagest, Financiera y Comunicaciones Coruñesa, PAU, Doal y Extraco las facturas recibidas desde 2003 hasta la actualidad de Planos y Telemiño.

El auto recuerda la declaración del propio José Luis Baltar que admitió que el PP de Ourense recibía donaciones en mano, si bien la contabilidad correspondía al gerente. Emilio Pascual, llamado a declarar por este motivo, afirmó "tajantemente" que era el presidente del PP el que recogía el dinero "personalmente". Especificó que con ese dinero se pagaban facturas en efectivo a la empresa de publicidad y la televisión, "quienes a su vez facturaban a otras empresas gastos del PP". Entre las empresas "colaboradoras" están PAU, Sermasa y Aquagest. De Lara afirma que este método para sufragar gastos relacionados con campañas electorales ha sido presuntamente utilizado también por el PSOE en Santiago.

En la lista de dirigentes del PP, además de los citados, a cuyo nombre se habrían emitido facturas figuran también José Luis Baltar, Marta Rodríguez Vispo, Mónica Mourelo, Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, José Luis Sousa, José Araújo, Belén Iglesias, Mario Guede, Aurelio Gómez, Francisco Carlos Campos, Noelia Pérez, María Luisa Valladares, Miguel Ángel Pérez de Juan y Pilar Montserrat Caride.