El ataque al antiguo Casino de Entrimo ocurrido durante el verano de 2012 en pleno conflicto entre el Concello y el entonces gerente M.M.C.G., llegó ayer al Juzgado de lo Penal de Ourense. El exencargado compareció en calidad de acusado de un delito de daños, mientras que la administración local lo hizo como acusación particular en un proceso en el que también acusa el fiscal. Éste pide un año y dos meses de prisión para el exgerente y una multa de 4.380 euros por un delito de daños, además de 49.302 euros en concepto de indemnización por los destrozos. El letrado del Concello eleva su petición a dos años de cárcel y un día para asegurar el ingreso en prisión del acusado y multa, si bien en caso de sentencia condenatoria será la consideración que haga el tribunal sobre si el bien atacado es o no de dominio público. En caso de que se dictamine que no lo es, el fiscal propone una alternativa en la que retira la pena de prisión.

El conflicto que enfrenta al Concello de Entrimo con el procesado se remonta a octubre de 2011, cuando falleció el adjudicatario legal del servicio recreativo prestado en el edificio de titularidad municipal de Terrachán. La concesión a Manuel González Domínguez se remontaba a 1970 y tenía una duración de 50 años. En el contrato se prohibía expresamente enajenar, gravar o traspasar los bienes objeto de concesión "sin la previa autorización expresa" del Concello. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2000, el adjudicatario había suscrito un contrato privado de arrendamiento con el ahora acusado en el que se pactaba que todas las obras de mejora que se realizasen en el inmueble quedarían en beneficio de la propiedad y que necesitarían la autorización expresa del dueño. Así lo detalló ayer en el juicio el Ministerio Fiscal, que también precisó que este contrato "no se le comunicó al Concello de Entrimo, ni se solicitó su autorización expresa". Al contrario, el servicio continuó y se hicieron obras de mejora.

Cuando en 2011 falleció Manuel González, la junta de gobierno local de Entrimo inició un expediente para extinguir la concesión administrativa de obras y servicios y dio al inquilino el plazo de un mes para desalojar el inmueble. M.M.C. intentó evitar este final con un recurso de reposición que fue desestimado por la propia junta de gobierno y volvió a intentarlo a través de un contencioso administrativo que fue igualmente rechazado por sentencia de abril de 2013. Durante este procedimiento judicial, el acusado solicitó como medida cautelar la suspensión del desalojo hasta la sentencia pero su petición también fue denegada.

Y fue ahí donde se complicaron las cosas. Así lo entienden el Concello de Entrimo que presentó la denuncia por daños y el Ministerio Fiscal que sostiene que la sucesión de fracasos en el intento del acusado de evitar el desalojo, los días 5, 6 y 7 de julio de 2012, "con la intención de perjudicar al Ayuntamiento, desmontó todas las mejoras que había realizado en el Casino y lo desvalijó". C.G. alegó en el juzgado que las obras las había hecho el concesionario y que se llevaba lo que le pertenecía.

El alcalde de Entrimo, Ramón Alonso, declaró ayer en calidad de testigo. Tras la celebración de la vista el regidor recordó que el conflicto con el acusado fue más allá del proceso administrativo por desahucio y el penal por daños: "Llegó a presentar dos querellas contra mí por prevaricación y delito electoral que fueron archivadas". El gobierno municipal quiere volver a sacar el servicio a concurso pero tiene problemas por el estado ruinoso que presenta el edificio: "Lo dejó como si cayese una bomba", dice el letrado del Concello.