En el juicio a José Luis Baltar por su presunto enchufismo, el secretario de la Diputación admitió una "leyenda negra" en Ourense sobre la afinidad de ganadores de oposiciones y el PP, el partido que aglutina la mayoría del poder local y controla la institución provincial desde hace más de dos décadas. Las eternas suspicacias se reflejan ahora en una sentencia. Un fallo por la vía contenciosa ve favoritismo en dos casos de Xinzo de Limia. "No deja de llamar la atención que a la hora de formar los tribunales, en lugar de designarse a sus miembros entre los numerosos funcionarios de carrera disponibles de perfil totalmente aséptico, sin militancia política ni vínculos directos ni indirectos con las candidatas, se designasen a concejales en activo del partido político del que son miembros destacados el alcalde de Xinzo ('amigo íntimo' de una de las candidatas seleccionadas) y Agustín Prado Verdeal (padre de la otra candidata seleccionada)". Así basa el juez del Contencioso Administrativo Número Uno de Ourense, Francisco de Cominges, la anulación de dos plazas para afines al PP. Tumba los nombramientos de María del Carmen Prado López, hija del exdelegado de Medio Ambiente en la época de Manuel Fraga, y de A.M.F.N., una "amiga íntima" del propio regidor popular, Antonio Pérez.
El juez, uno de los que ya condenó al mandatario por desviación de poder, desencadenando su imputación, constata la relación de los examinadores de los tribunales con la Diputación y el PP. Además, también pone en cuestión el modus operandi de los procesos de selección de personal en las instituciones. "Las prácticas como las aquí denunciadas (?) alimentan la opinión pública (bastante generalizada respecto de la administración local en esta provincia) de que para poder acceder a esos puestos de trabajo no basta con competir en igualdad de condiciones, por mérito y capacidad, sino que es necesario disponer de algún tipo de vínculo político, amistad o parentesco en los círculos del poder". Censura el "desprestigio y un agravio comparativo para la gran mayoría de los empleados públicos, que han accedido a sus puestos tras superar un duro proceso de selección, sin el menor atisbo trato privilegiado o de favor".
La sentencia fue difundida ayer en una rueda de prensa por la CIG, que recurrió a la vía judicial para impugnar ambos puestos. El secretario de Formación, Anxo García, calificó el fallo de "histórico" y el "primero que va al núcleo de las prácticas caciquiles del PP en Ourense, que se llevan reproduciendo durante años". La central esperará a que la resolución sea firme para pedir que "se extienda" a la revisión de designaciones de personal de otros concellos. La composición de los tribunales para supuestos "amaños" de oposiciones "se repiten en concellos y Diputación".
Los alcaldes de turno piden asistencia a la institución provincial y desde el Pazo se designan a los integrantes del órgano que calificará a los candidatos. Según manifestó el jefe de Recursos Humanos en el juicio, -un concejal del PP en Monterrei, donde su padre es alcalde- el presidente José Manuel Baltar designó a los examinadores "que consideró oportunos" tras llegar el requerimiento del alcalde. García insta al presidente de la Diputación y del PP ourensano a "tomar cartas en el asunto". La CIG concluye que "según esta sentencia, el partido "está implicado en un caso de favores".
A finales de julio de 2013, la "amiga íntima" del alcalde se hizo con una plaza de administrativo (grupo C-1) en un proceso de promoción interna. La hija del excargo del PP logró el puesto de letrada (grupo A-1) con la máxima puntuación. Ha representado al concello en varios de los proceso de personal tumbados por la justicia. Casos en los que se detectó desviación de poder del alcalde, provocando su imputación.
El regidor "debió abstenerse"
Al margen de la afinidad de los tribunales, el magistrado considera que sería suficiente para anular los procesos la infracción "evidente" del principio de paridad de género. Los hombres eran mayoría en los dos tribunales. En los dos procesos impugnados se detectan "otros vicios". Cominges considera que desde que la compañera del alcalde presentó su candidatura, en febrero de 2012, el regidor de Xinzo "debió abstenerse de dictar más resoluciones (...) al mantener con dicha candidata una relación de pareja o amistad íntima". Antonio Pérez solo se apartó al firmar la resolución definitiva.
"No solo no se abstuvo" sino que "escogió y designó a los miembros del tribunal de selección". El alcalde "tenía un interés evidente en que su íntima amiga obtuviese la plaza convocada, por lo que en la elección de los concretos miembros del tribunal (aunque fuese en su subconsciente) pudo (y debió) influir necesariamente ese deseo". Todos los miembros del tribunal trabajaban para la Diputación de Ourense, donde Pérez ocupa un escaño. De los cinco miembros, tres mantenían "vínculos estrechos con el Partido Popular". Presidía el órgano José Luis Suárez, jefe de personal de la Diputación y edil del PP en Monterrei, era vocal un concejal del PP en Esgos y secretario el actual asesor jurídico provincial, que fue regidor de Nogueira.
Finaliza el magistrado que "sin ponerse en modo alguno en duda la honestidad y competencia profesional de dichos miembros del tribunal, lo cierto es que puede concluirse que fueron escogidos por el alcalde de Xinzo con el propósito de que dada su presumible afinidad política y su relación en la Diputación Provincial, tuviesen alguna predisposición, siquiera inconsciente, a favorecer a su 'íntima amiga'. Candidata que fue la finalmente seleccionada".
"Vicio de desviación de poder"
El juez llega a las mismas conclusiones en el proceso que adjudicó la plaza a la hija de Agustín Prado Verdeal. Obtuvo en la fase de valoración de méritos para el puesto de letrada la misma puntuación (4), con menos de dos años ejerciendo como agente de desarrollo local, que una aspirante con 212 meses -17 años y medio- desempeñando labores de jueza sustituta, según subrayó la CIG en su demanda.
Como acredita la sentencia, todo los del tribunal eran funcionarios de la Diputación salvo uno, el presidente, que fue secretario provincial de la consellería de Medio Ambiente entre 1999 y 2005, cuando el padre de la trabajadora ejercía como delegado. Ahora es jefe territorial de Cultura. Cominges subraya el "estrecho vínculo profesional" de este examinador "con el padre de la candidata seleccionada". De los cuatros funcionarios de la Diputación integrados en el tribunal, tres tienen o tuvieron cargos en el PP. La cuarta persona es la mujer del alcalde del PP de O Carballiño. El magistrado ve por eso un "vicio de desviación de poder", al concluir que los examinadores "fueron escogidos ex profeso con el ánimo de favorecer de algún modo la selección de la concreta candidata". Que haya cargos en un tribunal de oposición libre vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público.
Si la sentencia se convierte en firme, los dos procesos deberán repetirse y tanto la administrativa como la letrada deberían cesar de sus puestos en un plazo de dos meses.
