En unos 80 de los 104 presuntos enchufes de José Luis Baltar, sin fiscalización previa ni convocatoria pública pero también sin reparos por escrito, el "único antecedente previo a la contratación", según el fiscal jefe de Ourense, era una petición remitida al expresidente por los funcionarios responsables de los distintos servicios y centros dependientes de la Diputación. Profesionales que, para la acusación del PSOE, también están en sus puestos por afinidad política. Tres de los que declararon en la sesión de ayer militan en el partido.
Para el periodo de enero a marzo de 2010 en el que se formalizaron los contratos, los encargados de área plasmaron sus necesidades y supuestas urgencias de personal a través de informes que, en su mayoría, se presentaron en enero con escasos días de margen. La versión de Baltar de que él no asignaba nombres de los trabajadores a los puestos, sino que solo hacía "una selección genérica" mirando currículos para que los funcionarios decidieran en diálogo con el jefe de Personal, fue rebatida ayer por los autores de las solicitudes. El expresidente era el responsable de decidir los contratos. A él dirigían sus demandas verbalmente y por escrito. Era una constante que en muchos casos repitieran beneficiarios de empleo a lo largo de los años.
El turno de los encargados de área lo abrió Francisco González. Fue jefe de prensa de José Luis Baltar y, desde 2000, director del Centro Cultural. En el periodo investigado, pasó de los 16 porteros que tenía a fecha 31 de diciembre de 2009 a los 26 que acumuló tras la contratación urgente de dos recepcionistas y ocho porteros. Para el "nivel óptimo" eran necesarios uno más, 27, según un informe a posteriori del secretario provincial.
González, que ya fue interrogado por el fiscal en su investigación previa, no dio datos concretos, pero explicó que necesitaba más efectivos para atender la colección de trenes que, en su momento, cedía una familia, así como la apertura de una nueva sala de exposiciones y un ritmo de edición de dos libros al mes. En esas tareas "colocamos" a los trabajadores que llegaban, expresó el funcionario. El director del recinto no eligió ni colaboró en la selección con el jefe de Personal. A los empleados "no les pedíamos filiación; podían ser del partido que quisieran", contestó el funcionario al letrado del PSOE. A preguntas de la defensa, afirmó que de no haber tenido el personal "nos habría generado un problema".
El fiscal considera que, en este y otros casos planteados por los encargados de área, las vacantes eran necesidades estructurales y no "imperiosas" y urgentes, como alegó el expresidente en su declaración. También se pregunta el ministerio público si terminado el plazo de 3 meses, las necesidades desaparecieron.
Uno de los responsables de sección, el exdirector de la Biblioteca, aseguró haber dado los nombres de determinadas personas al expresidente -los llevó anotados al juicio- tras verse "tan apurado" en la organización de su servicio. Recibió cuatro contrataciones.
No fue el único. La Diputación envió a la Fundación Casdemiro, con la que existía un convenio de 2006, a tres trabajadores sin "informe alguno", dice el fiscal en su querella, para catalogar libros y periódicos y realizar trabajo de biblioteca y archivo. El representante, Fernando González Suárez, un exconcejal y exparlamentario autonómico del PP, terminó por admitir que no hizo solicitud. Se dirigió al antiguo titular de la Diputación y le "insinué los nombres de las personas". Según expresó, "es el que tiene la potestad de nombrarlas".
Baltar era el destinatario "siempre" de las peticiones para demandar personal. Lo manifestó Javier Bobe, jefe de Aguas y Medio Ambiente, el único funcionario imputado hasta la fecha por la investigación de las depuradoras. Su servicio pidió tres conductores para adelantarse a la distribución de turnos y no trastocar las vacaciones de verano. Él no propuso "nombres" ni decidió las asignaciones -en otra refutación del argumento de Baltar- . Dijo que el expresidente le mostró "los currículos de personas que podían cumplir" con la necesidad de un carné específico así como su "opinión" al respecto.
Tampoco intervino en la asignación de puestos el responsable de Cooperación, Rafael Outomuro, a donde fueron a parar 5 de los contratos -2 habituales- así como un peón de Vías y Obras que acabó en su servicio. Otros testigos, como el exresponsable de la imprenta provincial, Carlos Luis Martínez, aseguran que urgieron efectivos por "avalancha de trabajo". Le llegaron cuatro contratados. Otros cuatro trabajadores fueron a parar al polideportivo Paco Paz. Según su responsable, Ángel Cid, "en puestos de baja cualificación casi siempre se empleaba a las mismas personas".
También el Inorde, con estructura y personal propio (19 personas en plantilla) recurrió al proceso de los 104 para reforzar personal. Constan un informe sin fecha y otro posterior a otra contratación. Gestionaban agentes de empleo, uno de los perfiles más habituales entre el centenar de altas, así como porteros, peones, auxiliares y limpiadores.
Entre los funcionarios jefe que declararon ayer hay dos afiliados reconocidos del PP. El responsable de Fomento del Empleo, José Juan Cerdeira, y el exjefe de Formación, Carlos Castiñeiras, que además fue presidente de Nuevas Generaciones. Dejó claro, además, que milita "desde 1988, antes que el acusado". Uno de los tres empleados que recibió, sin intervenir en el proceso como manifestaron otros funcionarios jefe, también pertenecía al partido.
