Termina el desfile de los políticos sin que se resuelva la recusación de Piña

Andrés García Mata, exconcejal del BNG desde su renuncia a la política por el caso de los paneles -del que quedó absuelto-, despejó ayer todos los balones que otros antiguos compañeros del gobierno bipartito de 2008, como el actual alcalde o el anterior, habían puesto en su tejado por el proceso de adjudicación de las obras de Bedoya que mantiene imputados a nueve políticos de PSOE y BNG. El entonces concejal de Obras también contradijo al asesor jurídico jefe, Luis Tros. A ambos atribuye el magistrado un presunto delito de fraude y exacciones ilegales en un caso que investiga, además, la supuesta prevaricación de todo un ejecutivo,incluido el regidor y dos de sus ediles de gobierno. La reforma fue a parar a una constructora cuyo director financiero formó parte de la lista del PSOE en Ourense en 2011.

En su segunda declaración por la adjudicación, en una jornada en la que también fue llamado con abogado por el caso de las asistencias técnicas, García Mata adujo ayer que el expediente fue responsabilidad del asesor jurídico así como la decisión de aprobar la reforma por el trámite negociado y sin publicidad que, según el juez Antonio Piña -al margen de este caso hasta que se resuelva su recusación-, no competía por soprepasar el supuesto listón legal de 200.000 euros de licitación, razonamiento que algunos abogados objetan. El importe se aproximó a los 600.000 euros aunque hubo descuentos por un desacuerdo entre ayuntamiento y empresa durante la ejecución. Cinco años después, la reforma se investiga y algunos tramos ya necesitan reforma, como apuntó hace unos días la actual responsable de Infraestructuras, Áurea Soto.

Andrés García Mata negó las advertencias verbales manifestadas al juez por el jurídico -en dos comparecencias- y el interventor, y trajo a colación un escrito de 5 de septiembre de 2008, un día después de que la junta aprobara la tramitación de la obra, en el que el último funcionario certificaba la existencia de partida para hacer frente a la obra en el primer ejercicio, aunque sin subrayar las supuestas advertencias de legalidad realizadas verbalmente en una reunión previa. En aquella cita también estaba presente un asesor del BNG que será llamado a declarar como testigo.

El interventor se dirigía a la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta, la instancia que había otorgado una subvención para asumir el 65% del coste de la reforma. El funcionario hizo el escrito sin "prejuzgar el sentido de la fiscalización preceptiva, que corresponderá efectuar a la intervención municipal con ocasión del trámite del expediente de contratatación de la citada obra". En efecto reparó facturas.

García Mata ve "contradicciones" entre este documento del funcionario, un día después de la junta con sus miembros imputados, y sus declaraciones en la investigación abierta tras denunciar Democracia Ourensana (DO).

Además, literalmente, "estaba convencido de que los informes estaban correctamente" al ser redactado el pliego por el responsable de la asesoría jurídica municipal, que a la vez se encontraba al frente del servicio de contratación. Sobre la reunión que centra un elemento capital de la investigación, Mata sostuvo ayer que fue él quien la convocó. Según su versión, ante la premura de los plazos para ejecutar el proyecto sin perder la subvención -era preciso tener hecho el 40% antes de que acabara octubre, si bien luego la Xunta accedió a un prórroga-, "y el jurídico y el inteventor dijeron que el único modo de ejecutar el proyecto en ese plazo" era por el método elegido, aseguró al juez. Suya no fue la decisión, en oposición al argumento de Luis Tros, porque "desconoce los procedimientos administrativos". La reforma de Bedoya -y la paralela de Paz Nóvoa, que investiga otra juez en fase inicial- fue su primera licitación. Los informes se realizan "de oficio" y no a petición del político, abundó.

"Los informes no son orales"

El asesor jurídico mantuvo, en su declaración de este martes, haber advertido de palabra a García Mata de que el trámite, sin publicidad y urgente, "no era el adecuado" y "no se podía aplicar". No plasmó sus reparos por escrito "por falta de tiempo". Que hubiera un aviso verbal "no es creíble; los informes nunca son orales", manifestó el nacionalista a los medios.

El imputado, que elevó el asunto a junta de gobierno al margen del orden del día "por un problema de tiempo", sí reconoció haber invitado a las tres empresas vinculadas -dos administradas por padre e hijo; las tres con propuestas coincidentes hasta en los fallos de impresión-, pero rechazó relación alguna o trato de favor a la principal, OCA, S.A., la que resultó elegida adjudicataria y la que mejor valorada por la mesa de plicas que él presidía. En su opinión, las propuestas registradas en el Concello de Ourense co margen de 5 minutos, según el auto de citación, "no eran idénticas". La mesa obró, dijo, siguiendo criterios "objetivos" .

Según el PP, las constructora inició las obras antes incluso de que se adjudicaran. El exconcejal afirmó que la ejecución empezó "varios días después" al trámite de adjudicación provisional y "hasta la aprobación definitiva ningún funcionario hizo ningún reparo". El juez Piña sospechó que hubo un acuerdo de concertación entre las firmas, y por eso citó como imputados a los representantes legales, que negaron amaño alguno. Mata "dio el nombre de las empresas" por "alguna información que me transmitirían", sin decir quién.

Ante los medios de comunicacióni, el exedil defendió que el gobierno imputado "tomó la decisión adecuada con la información adecuada; sin esconder absolutamente nada y sin agendas ocultas". No quiso polemizar tras ser señalado por el resto de concejales. "Asumo mi responsabilidad de todo lo que he hecho en este gobierno".

El juez también interrogó ayer a la edil de Benestar Social, Marga Martín -en su segunda imputación tras la de ayuda a domicilio-, la exconcejala del BNG, Marta Arribas y la última teniente de alcalde nacionalista, Isabel Pérez. Los políticos coincidieron en que no hubo informes advirtiendo de irregularidades duranta el trámite de adjudicación y que el proceso adoptado era el "habitual". Según Martín, "me enteré de que no había informes técnicos y jurídicos básicamente ahora".

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