Las notas también llegaron al Concello de Ourense. En este caso, las relacionadas con el ámbito de la transparencia en la web, en la que se plasma un suspenso, al obtener el 43,90%, lo que la sitúa en el undécimo puesto de la lista, compartido con los concellos de Oleiros y Ames. Muy lejos de otros municipios de Galicia que superan los 20.000 habitantes.
Así lo revela el informe realizado por el grupo Ciudadanía y Comunicación de la Universidad de Santiago, en colaboración con el Laboratorio de Periodismo y Comunicación por la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona.
En el informe, redactado por los investigadores Paulo Carlos López y Belén Puñal, bajo la dirección de los profesores Luis Álvarez Pousa y Amparo Moreno, analiza 41 indicadores en cada web municipal, organizada en cuatro bloques temáticos: quiénes son los representantes políticos; cómo gestionan los recursos colectivos; cómo informan de la gestión de los mismos; y qué herramientas ofrecen para la participación ciudadana en el control democrático.
La conclusión es poco alentadora, ya que de los 22 concellos gallegos analizados de más de 20.000 habitantes la mayoría no llegan al aprobado, y ninguno tiene una puntuación superior al 75%. Y deja retratado al de Ourense, ya que es el de capital de provincia que suspende, con ese cerca del 44%, frente al 68,29% de la página electrónica de Lugo, que ocupa la primera posición o los 63,41% de la de A Coruña; mientras que Pontevedra obtienen un 63,41% y Vigo un 60,98%, respectivamente.
Y al igual que sucede en otros concellos, las conclusiones del informe revelan que en la web del Concello de Ourense no se encuentra información completa sobre quiénes son los representantes políticos en el gobierno y la oposición. Y advierte de que la información sobre los representantes de la oposición y los recursos para que la ciudadanía pueda contactar con ellos "es muy limitada o nula".
También hace referencia el informe a que se deben revisar "las rutinas" en la elaboración de las noticias que se incluyen en la web municipal, para de esa forma "no incurra en un exceso cuantitativo", así como en una "baja calidad derivada de una orientación a la propaganda".
De ahí que en el apartado de recomendaciones, sobre todo a los que suspenden en transparencia de la web municipal, como es el caso de Ourense, es necesario una "mayor esfuerzo" para aplicar la Lei de Transparencia de Galicia, que se aprobó en 2006, y la que ratificó el Gobierno central en diciembre de 2013, comenzando por los municipios más grandes y los que tienen responsabilidades especiales por ser capitales de provincia.
Para señalar que la Xunta y las diputaciones tienen responsabilidad en el cumplimiento de la ley, y tienen que "impulsar" una cultura de la transparencia, así como proporcionar recursos, sobre todo a los concellos más pequeños.
