La Diputación de Ourense aprobó ayer la ordenanza de transparencia que regulará el acceso a la información que genera la institución y se convierte así en la primera de España que cuenta con este documento, redactado sobre el texto tipo propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP. El presidente José Manuel Baltar ya avanzaba hace dos semanas su intención de elevar esta propuesta al pleno ordinario de junio y tramitar el documento con tiempo suficiente para su entrada en vigor en el mes de diciembre, plazo indicado por esa federación para que todos los gobiernos cuenten con esa ordenanza.

El documento fue defendido en la sesión plenaria de ayer por el portavoz del PP, Plácido Álvarez, que rebatió las críticas de los dos grupos de la oposición recalcando que su aprobación sigue el mandato de la federación y que no se hace "por capricho", sino por "imperativo legal". A pesar de todo, tanto el PSOE como el BNG votaron en contra de la ordenanza. La tramitación abre ahora un plazo de 30 días para presentar alegaciones y si no se presenta ninguna se publicará el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.

El portavoz del grupo socialista, Ignacio Gómez, cuestionó que la ordenanza de transparencia, a la que calificó como "tomadura de pelo", sea una propuesta de un presidente que "era el segundo suplente y entró como entró" y que parta de una Diputación que "no informa de como se contrata ni como".

Por su parte, el diputado nacionalista Xaime Iglesias reprochó que, al igual que con el código ético aprobado recientemente, Baltar Blanco haga una "huida hacia adelante" para marcar diferencias con respecto a la gestión que antes hizo su padre, José Luis Baltar, predecesor en el cargo, y que la semana próxima será juzgado por un delito de prevaricación en 104 contratos. La ordenanza, en la que el BNG aprecia numerosas "lagunas", no convence a este grupo "puesto que se aplica en una institución poco transparente", criticó Iglesias.

Plácido Álvarez explicó que el documento recoge obligaciones como la de elaborar, mantener actualizada y difundir la información "facilitando el acceso a la misma y permitiendo su reutilización, así como utilizar preferentemente medios electrónicos y telemáticos". Destacó la inclusión de un nuevo espacio web con enlace directo a los indicadores de transparencia fijados por Transparencia Internacional para evaluar a los gobiernos provinciales así como la retransmisión de los plenos, vía web, y la reciente puesta en marcha del apartado "El presidente responde", medidas todas ellas "encaminadas a seguir mejorando los índices de transparencia de la institución provincial, actualmente situada en el puesto número dos de todas las de España".

Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad la moción presentada por el PSOE para instar a la Xunta a que ponga en marcha un plan de apoyo a la alimentación infantil y reclamar la apertura de comedores escolares durante el verano. El PP manifestó su apoyo a esta propuesta pero no sin antes destacar el incremento del gasto de la Consellería de Educación en comedores escolares y plazas. Además, matizó que la Xunta "garantizará" que ninguna familia se quede sin alimentos este verano pero analizando desde los concellos cada caso.

La diputada socialista, Victoria Morenza, consideró "insuficiente" el compromiso aprobado por el PP en el Parlamento y reclamó un "plan estructural" para garantizar la alimentación infantil. Por el BNG, Leopoldo Rodríguez mostró su indignación por los precios impuestos por la Xunta para los menús escolares y criticó que se pretenda "hacer caja" con tarifas de 4,5 euros por niño al día "cuando en el Parlamento se como por 3 a cuerpo de rey". El portavoz del PP acusó a Morenza de ofrecer una "visión apocalíptica de la realidad".