El pleno de julio promete estar protagonizado una vez más por la compatibilidad para dar clases en la Universidad de Vigo del asesor jurídico adjunto Javier García Gago, que provocó en su momento la división en el grupo socialista, al abandonar cinco ediles el pleno en el que se rechazó, y que posteriormente llevó a su suspensión de militancia, y ello debido a que en el orden del día de la Comisión de Pleno, que se celebra mañana, se incluyen dos puntos referidos nuevamente a este asunto.

El primero de ellos es la propuesta, contenida en un informe de la exedil no electa de Personal y actual directora general de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez, de ratificación por el pleno de un decreto firmado por la teniente de alcalde Marga Martín por el que se acuerda "la interposición de cuantos recursos que sean precisos en vía contencioso-administrativa contra la sentencia" que reconoce la compatibilidad del citado funcionario, Y eso a pesar de que la propia sentencia establece que es firme y que contra ella no cabe recurso alguno.

No obstante, y a pesar de ello, el Concello ha interpuesto un recurso de apelación que todavía no ha sido admitido a trámite. Tal recurso fue interpuesto en base al decreto que ahora se pretende convalidar, ya que es al pleno y no al alcalde o a una teniente de alcalde a quien corresponde tomar tal decisión. En dicho decreto se alude a causas de urgencia para adoptarlo, pero fuentes jurídicas consultadas entienden que tal decreto sería nulo por falta de competencia de la teniente de alcalde, que debería haber convocado un pleno extraordinario y urgente para adoptar tal decisión.

Además, estas mismas fuentes, aluden a que la falta de convalidación por el pleno de la interposición del recurso dejaría al grupo de gobierno en una delicada situación, ya que debería desistir del mismo aún antes de haber sido admitido a trámite.

Otro de los puntos que el gobierno socialista pretende llevar a pleno es la revisión de oficio del acuerdo de autorización de compatibilidad de García Gago.

Las fuentes jurídicas consultadas por FARO indicaron que se trata del mismo procedimiento por el cual el Concello intentó revisar la devolución de los avales de la urbanización de las calles donde se encuentra la casa del alcalde, Agustín Fernández, solo que en aquel caso se dejó pasar el plazo de 4 años que la ley establece para poder realizar la revisión.

Es previsible que en el caso de la compatibilidad de García Gago no se deje transcurrir este plazo, a pesar de que este caso no supone gravamen económico para el Concello y el de las aceras del alcalde supuso una pérdida de más de 27.000 euros, como señala en su informe el interventor. En este punto existe un informe del Jefe de Servicio de Personal en el que se dice que el pleno podría haber autorizado la compatibilidad del citado funcionario si hubiese entendido que existían razones de especial interés que justificasen la superación de los límites económicos (extremo este que hasta ahora fue negado por el gobierno), no obstante entiende que el pleno la denegó en este caso y en ello justifica la revisión.