Aduanas investigó extractos bancarios del exbarón y de su esposa, así como el ascenso de un sobrino

En la información de cuentas, los investigadores no apreciaron "ilícito alguno", sin descartar un "análisis más profundo"

24.06.2014 | 10:51
Pilar de Lara.

El nombre de José Luis Baltar salta a titulares a estas alturas de la Pokemon, pero no es la primera vez que el expresidente de la Diputación de Ourense aparece mencionado en el curso de la fase de instrucción de la mayor causa contra la corrupción político-empresarial de Galicia. Por referencias de terceros bajo la lupa de la investigación o incluso por peticiones cursadas a la juez mediante anónimos.

El sumario por entregas de la causa lo menciona en diversos apartados que, según los autos, ya desencadenaron investigaciones por parte del servicio de Vigilancia Aduanera, bajo órdenes de la magistrada de Instrucción Número Uno de Lugo, Pilar de Lara. Según los documentos conocidos del proceso, los investigadores analizaron extractos bancarios del exbarón y de su esposa sin encontrar "ilícito alguno" en un primer vistazo, así como el ascenso de un sobrino en la empresa del agua, Aquagest (hoy Viaqua)

Las primeras pesquisas se iniciaron a partir de una conversación del exdirector de Aquagest en Galicia, Henry Laíño en la que se "vende" el supuesto ascenso en 2012 de un sobrino del expresidente. En el momento en el que se realizaron las escuchas telefónicas, Laíño era consejero y apoderado solidario de la sociedad mixta Aquaourense constituida en 2008 entre Aquagest y la Diputación para gestionar el ciclo del agua en la provincia. La empresa controla el 66% del capital.

Las sospechas surgidas de los pinchazos telefónicos al móvil del directivo de Aquagest que realizó Vigilancia Aduanera propiciaron la redacción de un informe monográfico sobre "contratación de personas afines" y la gestión supuestamente realizada por Laíño a favor de un pariente de Baltar padre está en una parte del sumario.

La mención se produce en una llamada que el directivo de la empresa de aguas recibió a primera hora del 26 de abril de 2012 de una compañera llamada Ana, la cual le informa de que ha estado con "Baltar padre", según ella misma le define. "Le dije que usted le había subido, o que le iba a subir la categoría al sobrino", relata la trabajadora, quien además aprovecha para presumir de "vender" al expresidente el supuesto ascenso. Baltar le dice que agradecerá la gestión a Laíño y añade que "o que necesitedes, xa sabedes".

Esta conversación intervenida levantó las sospechas de Vigilancia Aduanera y la enmarcó en un epígrafe sobre "contratos de trabajadores" en el que se especifica, textualmente, que "la contratación de personas afines al órgano oficial contratante y solicitados al adjudicatario se repite a lo largo de la investigación, tratándose de una contraprestación a los favores recibidos".

El diálogo coincide en el tiempo con el inicio de una investigación por parte de la agencia europea contra el fraude, la OLAF, sobre el contrato de las 104 depuradoras compactas que la Diputación instaló en 62 municipios de la provincia y en el que el organismo de la UE detectó "graves irregularidades". Aquaourense se encarga del mantenimiento de estas instalaciones y la noticia habría generado inquietud en Aquagest, pues en la llamada, Ana le cuenta a Laíño que ha hablado de esto con Baltar padre, al que ha visto "tranquilo".

La interlocutora también mostraba su preocupación por la posible implicación del técnico Javier Bobe, también consejero en Aquaourense, y sobre quien comenta que teme que "pueda salir salpicado" por ser el funcionario que redactó los informes técnicos. Es el único funcionario imputado en la investigación judicial.

Documentación "parcial"

Además, Vigilancia Aduanera hizo un informe de 10 páginas sobre determinados movimientos bancarios en cuatro cuentas, dos a nombre del expresidente y dos al de su esposa. Pilar de Lara pidió en diciembre de 2013 que se analizase diversa documentación bancaria relacionada con José Luis Baltar que aireó un denunciante anónimo.

Tras el estudio de los extractos, y teniendo en cuenta que la documentación facilitada "no comprende años completos, sino que es parcial", el agente que firma el informe concluye que "no es posible establecer la comisión de algún ilícito", si bien matiza que los movimientos podrían ser objeto "de un análisis más profundo".

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