El delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, y otro de los imputados por irregularidades en la gestión de fondos europeos cuando Martínez era alcalde de Arnoia, pedirán la nulidad del auto del 11 de junio, en el que la Audiencia Provincial rechazó diez recursos contra la tramitación del procedimiento abreviado.
El fallo de la Audiencia Provincial que se quiere anular y que abrió la última fase judicial previa al auto de juicio oral, no se pronuncia sobre las alegaciones de indefensión y posible prescripción de los supuestos delitos, entre otras.
En concreto, en su escrito del 11 de junio, la Audiencia Provincial ratificó un auto del juzgado de Ribadavia de octubre de 2013, que decretó tramitar por procedimiento abreviado las diligencias "por si los hechos imputados a Rogelio Martínez González, Pablo Fernández Loureiro, Juan Emilio Aparicio Estévez, Gumersindo Álvarez Rodríguez, Gumersindo Á. M., Miguel Reza Paz, María del Carmen G.N., Severino V.N., Alfredo Lázaro G.V., Ramón S.D., y Adrián S.P., fueren constitutivos de delito".
El tribunal provincial argumentó su rechazo a los recursos concretos de Rogelio Martínez y Pablo Fernández, con el pronunciamiento de que es "inviable" la nulidad de las actuaciones que piden los recursos porque "no se señala siquiera cual es la indefensión concreta causada y como se habría visto resentido el ejercicio del derecho de defensa".
En ambos casos, según la Audiencia Provincial, tampoco hay "expresa solicitud para que se declare nulo el concreto acto procesal o se retrotraigan actuaciones", por lo que rechazó las alegaciones del que fue alcalde de Arnoia y presidente del Centro de Iniciativas para el desarrollo do Val do Miño (Ceivam), Rogelio Martínez, y del que era secretario municipal en Arnoia además de responsable de los asuntos financieros de Ceivam, Pablo Fernández Loureiro.
Según fuentes jurídicas, ambos imputados tienen ahora 20 días para iniciar la tramitación de un recurso extraordinario, pues el auto de la Audiencia Provincial era firme y sin posible recurso ordinario.
Las mismas fuentes detallan que frente al auto, los dos imputados quieren alegar "falta de incardinación de los hechos en supuestos penales", pues el escrito de la Audiencia Provincial deja para el plenario -juicio- la determinación de los delitos concretos achacables a los imputados.
Martínez y Fernández presentarán sendos "incidentes de nulidad" frente a ese auto, y la Audiencia Provincial deberá resolverlos con un pronunciamiento de nulidad o en contra de ella. En el segundo caso, los imputados presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cuya resolución tardará meses.
En cualquiera de los casos, se alargará el proceso judicial iniciado en 2006 con la denuncia del BNG de Arnoia, y jalonado de peticiones de archivo, por parte de fiscal e imputados, y resoluciones de la Audiencia Provincial, tramitadas por media docena de jueces en Ribadavia, entre titulares y sustitutos.
Parte de los demás imputados en el caso Arnoia, estudian iniciar el mismo trámite que Martínez y Fernández Loureiro, según fuentes jurídicas consultadas. De no mediar esos recursos, el auto de junio de la Audiencia Provincial daría un paso más hacia la celebración del juicio pues el siguiente trámite sería la notificación a las partes para que presentasen escritos.
