"Las reclamaciones por la pérdida de derechos de construcción pueden llegar a 400 millones"

Advierte de que las primeras resoluciones judiciales llegarán a final de año, sin posibilidad de plantear recursos

23.06.2014 | 10:44
Áurea Soto, con la documentación relativa a una de las denuncias que ha tenido.

n Arquitecta de profesión. Teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Concello de Ourense. Acumula varias querellas por la contratación de asistencias técnicas y por la acción de grupos que intentan lograr "mayor edificabilidad y otras ventajas".

-Si se abre un nuevo período de alegaciones al PXOM, nos colocaríamos en marzo de 2014, a dos meses de las próximas elecciones.

-Y habría que pedir nuevos informes a las 54 administraciones.

-Por lo tanto, el BNG debe tener claro que se está jugando el todo o nada, porque si no se aprueba el PXOM antes de las elecciones, el PP puede realizar una revisión en profundidad del documento, para abrir la mano en la edificabilidad, dentro de áreas que rechazan los nacionalistas, en el caso de que se impongan en las urnas.

-Conviene reflexionar sobre eso. Y no se puede perder de vista que el nuevo documento tuvo un coste de 1,33 millones, pagados por las arcas públicas, por lo que no se puede tirar por la borda. Y la cartografía nueva, que es necesaria y nadie la cuestiona, suma 500.000 euros más.

-¿Tienen alguna posibilidad o margen para dilatar la anulación de las normas provisionales hasta que se apruebe el nuevo PXOM, en el caso de que se produzca una sentencia en ese sentido a finales de año, o ya no pueden hacer nada?

-No, podemos quedar sin las normas provisionales a final de año.

-Se supone que en ese momento le entrarán las prisas a todos los grupos.

-Entiendo que sí.

-¿Cómo lleva usted el tema de la judicialización de la vida política ourensana?

-Nosotros lo llevamos con paciencia benedictina. Sabemos que defendemos interés público, pero realmente estamos muy alarmados. Mientras tengamos la responsabilidad de gobierno, tendremos que hacer lo correcto: no podemos dejar de defender el interés público por las amenazas de querellas o por la presentación de las mismas, por parte de personas o grupos que tengan dinero o poderío económico.

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