La justicia investiga un caso que amenaza a la Diputación con devolver 10,1 millones

Un funcionario de las depuradoras dice que Martínez era el interlocutor, pero niega una injerencia política

El representante de la empresa, a la que según la UE se habría favorecido, niega al juez que hubiera un amaño o sobornos » La acusación reprocha que "eran conscientes de que incumplirían el proyecto y siguieron adelante"

21.06.2014 | 10:23
El exconcejal del PP Francisco Javier Rodríguez Nóvoa es funcionario en la Diputación.

La Diputación de Ourense se juega la devolución forzosa de 10,1 millones de euros por un presunto mal uso de fondos europeos en la época del expresidente José Luis Baltar, mientras el juez de Instrucción Número Dos, Antonio Piña, analiza si se cometieron delitos en la gestión de los proyectos comunitarios Daredo y Deputrans que llevaron 104 depuradoras a aldeas del rural ourensano en un proceso que, según la agencia contra el fraude de la Unión Europea, la OLAF, estuvo plagado de irregularidades, con supuesta información confidencial al licitador que ganó el concurso y una adjudicación a la misma empresa de los proyectos de instalación, simulando procedimientos negociados.

La OLAF apreció posibles prevaricación, tráfico de influencias y fraude al presupuesto de la UE tras visitas in situ a Ourense en 2012, nada más llegar al poder José Manuel Baltar. El funcionario jefe del servicio de Aguas y Medio Ambiente, Javier Bobe, que redactó el pliego, es el único imputado en la causa reabierta a instancias del informe de los inspectores comunitarios. En calidad de testigo acudieron ayer el representante legal de dos adjudicatarias del proceso, vinculadas entre sí, así como Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, otro funcionario de la casa que, además, fue exconcejal del PP en Ourense hasta 2011.

Como jefe del Negociado de Fondos Europeos, él era el encargado de hacer las candidaturas a ayudas de la UE por orden del grupo de gobierno del expresidente José Luis Baltar. Pero en el caso de las depuradoras, tal y como declaró ayer ante el juez, su interlocutor, la persona "con quien más hablaba" era el actual delegado de la Xunta Rogelio Martínez, el vicepresidente de la institución entonces, que asistía a las reuniones de la comisión de seguimientos del plan. Nóvoa sostuvo que, en cualquier caso, "los responsables políticos no dieron indicaciones sobre las condiciones técnicas".

Rodríguez Nóvoa se declaró ayer "en completo desacuerdo" con el informe de la OLAF. Él y Bobe estuvieron en las inspecciones de los emisarios de la UE. El exedil calificó las conclusiones de la agencia contra el fraude como "osadas" y negó conocimiento o relación con la adjudicataria que, según Europa,

Pero el PSOE, personado en la causa tras pagar fianza, vio algún elemento más en sus declaraciones que considera "gravísimo". La acusación ve un posible delito de prevaricación al acusar a los técnicos inmersos en el procedimiento de "ser plenamente conscientes de que no podía cumplir el proyecto y, sin embargo, tiraron hacia adelante para no perder el primer pago de Europa de 3 millones de euros. Por haber actuado de esa manera, ahora la Diputación se expone a perder 10,1 millones", apreció el abogado del PSOE, José Arcos.

Sobre esta supuesta irregularidad a ojos de la acusación, el funcionario reconoció ayer que no era posible cumplir el cronograma pero desligó esta cuestión de que la adjudicataria tuviera información privilegiada o de cualquier otra irregularidad. Según detalló, al no estar aún las depuradoras instaladas en el momento en que vencía la primera fecha, su compañero imputado hizo una certificación de que existía la disponibilidad de 19 plantas que, por aquel entonces, no se podían instalar al no estar definidos los emplazamientos.

Fuentes de la administración explicaron que este tipo de certificaciones, por acopio, "están reguladas en la ley de contratos del sector público, con previa constitución de un aval". Según Nóvoa, la institución ourensana planeaba almacenar las depuradoras en Ourense pero llegó a la convicción de que "no interesaba porque si se producía algún golpe en el desplazamiento, sería responsabilidad" del ente.

El juez también tomó declaración ayer a un empresario que es el representante legal de la adjudicataria de las plantas. La OLAF concluyó que existió información confidencial y un presunto trato de favor por parte de la Diputación, con un pliego muy detallado desde el punto de vista técnico, presuntamente a medida de las prestaciones de la firma. Como la Diputación en su comisión investigadora, el testigo dice que había otros competidores que hubieran podido optar. El empresario negó amaño o regalos a miembro alguno de la institución. Dijo que el contacto lo entabló un comercial y admitió que en algún momento se hicieron visitas a Ourense, antes de la adjudicación, como en otras diputaciones, para "estar en el mercado".

El empresario, que también negó haber sido instruido para acudir a declarar, sostiene que no conoció a Baltar antes de que se fallara el concurso, negó reuniones previas con el funcionario imputado y sí concedió que el comercial -al que algunas partes ven como el próximo en declarar- "a lo mejor vino a ver" al entonces vicepresidente. En todo caso, el representante de la adjudicataria negó que tuviera conocimiento previo del pliego.

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