La Diputación de Ourense saca a subasta pública por segunda vez cuatro parcelas de la finca Santamariña, con un precio mínimo de 11,5 millones de euros, según un acuerdo tomado ayer por la comisión liquidadora de Urbaourense. Las entidades y empresas interesadas podrán presentar ofertas durante un plazo de 60 días, a partir de la publicación del pliego de condiciones en el Boletín Oficial de la Provincia, que se realizará en fechas próximas. Tanto el PSOE como el BNG se oponen radicalmente a la venta de estas fincas, al entender que la Diputación "se despatrimonializaría", con el agravante de que en estos momentos de crisis económica la enajenación se haría "por debajo de su precio real". Pero además, los nacionalistas piden crear un gran parque.
El grupo de gobierno provincial cumple al pie de la letra lo que adelantó hace meses el secretario de la Diputación, Francisco Cacharro Gosende, en una entrevista concedida a este diario, en el sentido de que la institución que preside Manuel Baltar recurrirá de forma periódica a sucesivas subastas, hasta que aparezca un comprador, pero "sin tirar precios", porque la Diputación no se encuentra en una situación de falta de liquidez económica. Esa es la razón por la que mantienen el precio mínimo de salida, a pesar de que en algún informe técnico figura con una cantidad inferior a la anterior convocatoria, de hace dos años, que ha quedado desierta, destaca el portavoz del grupo de gobierno de la institución, Plácido Álvarez.
Plácido Álvarez advierte que el grupo de gobierno "no tiene prisa" en vender la parcela, a pesar de que ha tomado la decisión política de liquidar Urbaourense, al entender que la gestión de suelo y de viviendas no entra dentro de sus competencias ni prioridades en la actualidad. "Pero de momento los números en la Diputación nos van saliendo, la prueba es que hemos liquidado el presupuesto de 2013 con más de 16 millones de euros de superávit", por lo que "no vamos a malvender las parcelas", indica.
El portavoz del PSOE, Ignacio Gómez, lamenta que se intente "malvender el patrimonio" y critica que no se haya abordado este tema en las comisiones informativas.
El grupo del BNG se opone radicalmente a la venta de las parcelas, en línea con lo expresado por el grupo municipal del BNG en el Concello de Ourense, que presentó una alegación a la ordenación propuesta para el AR 39 y pide al presidente que renegocie con Flager la recuperación íntegra de la parcela "para crear el gran parque público de la ciudad".
