El bipartito de 2008 desfila ante el juez por una presunta prevaricación

El exalcalde alega que su gobierno imputado no sabía que faltaran informes al aprobar una obra

» El exregidor califica como "simple amistad" su relación con un directivo de la empresa que fue en su lista en 2011 »Los tres primeros políticos en declarar dicen al juez que confiaron en la propuesta de un edil y se limitaron a votar

20.06.2014 | 14:35
El exalcalde, la edil de Urbanismo y su abogado común.

El exregidor de Ourense, la responsable de Urbanismo desde 2007 y el primer teniente de alcalde del bipartito iniciaron ayer el desfile de comparecencias del gobierno bipartito de 2008, bajo la lupa del juez por la adjudicación de las obras de la calle Bedoya a la constructora ourensana OCA S.A., por algo menos de 600.000 euros. El trámite, sin publicidad, negociado con tres firmas vinculadas que calcaron hasta los fallos de impresión, y por la vía de urgencia, se investiga por lo penal ante indicios de presunta prevaricación. Solo tres cargos continúan en activo; entre ellos, el actual regidor, Agustín Fernández. Él declara el jueves.

Francisco Rodríguez, que capitaneaba aquel gobierno, Alexandre Sánchez Vidal, el líder de la parcela del BNG, y la edil Áurea Soto, la que más imputaciones acumula (5 en causas abiertas), defendieron ante el magistrado Leonardo Álvarez -Antonio Piña permanece apartado por la recusación de los dos socialistas- la inexistencia de delito. Según sus palabras, ningún técnico les hizo advertencias previas a la adjudicación o en la junta de gobierno. Confiaron en la propuesta del concejal competente, el exedil Andrés García Mata -el primero que declaró como imputado-, y se limitaron a votar.

Ante la prensa, Rodríguez resumió el mensaje: "Es sorprendente tratar 6 años después un asunto que nadie recurrió si es que hubo alguna irregularidad administrativa entonces". Según defendió después de declarar, "la junta de gobierno obró con criterios de responsabilidad para evitar que se perdiera una inversión importante".

Con más sorna, Sánchez Vidal, acusado y luego absuelto por el caso de los paneles que se cobró su dimisión y "la mitad de la indemnización de despido de mi esposa" considera "sorprendente" tener que comparecer como imputado por la obra de 2008. La subvención fue fiscalizada por la Xunta, resaltó, y el expediente "tenía el beneplácito de los técnicos municipales".

Acusó veladamente a Democracia Ourensana, que judicializó los hechos cinco años más tarde, de que sus denuncias ocultan su "incapacidad" para "hacer política de la grande". En caso de archivo, Vidal espera que "alguien me resarza de los prejuicios económicos y morales cuando este juez resuelva que actuamos conforme a la ley".

También ante los periodistas, Áurea Soto, que era la secretaria de la junta local, insistió en que no existieron reparos durante el desarrollo del expediente, que pasó por cuatro sesiones de gobierno. La intención de García Mata, el edil de Obras, era "no perder una subvención". Para la concejala, la causa solo discute si era preciso abrir el expediente a la libre concurrencia de empresas, un trámite que se obvió, aduce, para no quedarse sin la ayuda. "Estamos hablando de que en cuatro peldaños, nos saltamos uno", dijo.

Ya en la sala, el exregidor aseguró al juez que ninguno de los 9 imputados de aquel ejecutivo de PSOE y BNG sabían "que no había informe del asesor jurídico ni del interventor; en la junta de gobierno nadie puso de manifiesto alguna irregularidad". La decisión de aprobar el expediente se hizo creyendo que "estaba completo".

En su denuncia, Democracia Ourensana sospechó de un supuesto amaño por supuesta vinculación política de la empresa y el PSOE. El exalcalde calificó ayer como "una simple amistad" con un "compañero de partido" con "simpatía por el mismo equipo de fútbol", que un directivo de OCA, S.A. ocupara el número 14 en la candidatura del PSOE a las municipales de 2011.

Rodríguez aseguró que tuvo conocimiento de la reforma, que se demoró 8 meses después de que la adjudicataria comprometiera un plazo de 4, cuando la obra llegó a la junta. Y de que OCA S.A. fuera la adjudicataria, cuando empezaron los trabajos. Los integrantes no examinaron documentación dada la cantidad de puntos que se presentaban a las reuniones. Hasta un centenar al margen del punto del día, como fue el caso de Bedoya."Se aprobó sin más", sin debate. No tenían "tiempo material". Por eso "confiaron" en el concejal, Andrés García Mata, cuyo departamento propuso la adjudicación e invitó a las empresas.

Rodríguez dio "por supuesto" que contendría los informes preceptivos que el propio asesor jurídico, que declara la próxima semana, reconoció que no existieron, según una declaración ante el juez Piña que precipitó la investigación el pasado mes de enero. Ni García Mata, que negó haber sido advertido de ilegalidad en una conversación verbal, ni el funcionario "comentaron que faltaran informes".

El interventor reparó pagos

Sí hubo reproches del interventor a la hora de abonar la primera factura. El exalcalde lo levantó por decreto. No entiende por qué el interventor "que tenía conocimiento de todo el procedimiento antes del reparo [testificó en la causa que había advertido verbalmente a Mata], no hizo ninguna advertencia".

La reforma de Bedoya se estudió al margen del orden del día, por urgencia. El exalcalde adujo que el tiempo apremiaba. Había que resolver "urgentemente para evitar la pérdida una cantidad importante de dinero". El PP denunció que los trabajos comenzaron antes incluso de la adjudicación. Francisco Rodríguez "no lo cree".

La segunda en ser interrogada fue la edil Áurea Soto. Según dijo, la junta dedicó "menos de un minuto" a tratar la adjudicación. "No se discutió nada". También señaló al exedil García Mata -como Sánchez Vidal, acusado y absueltos en los paneles -como competente en proponer y decidir el procedimiento de acuerdo a los técnicos y el jurídico, que concibió el pliego. A ellos les correspondía fiscalizar.

La jornada de declaraciones se cerró con Sánchez Vidal. El exteniente de alcalde entiende que la obra deBedoya era un "asunto ordinario" más de la concejalía de Infraestructuras, y al que correspondía preparar la documentación era al asesor jurídico imputado. Como el exregidor aludió a la carga de asuntos de las juntas. "En menos de una hora se aprobaban 100 expedientes". En aquella sesión de 4 de septiembre de 2008 también se aprobó, de hecho, la reforma por unos 435.000 euros de Paz Nóvoa. Aunque se incluyó en la denuncia de DO, este caso se investiga, en una fase inicial, en otro juzgado. No prosperó la petición de Sánchez Vidal de acumular ambas adjudicaciones en un mismo proceso judicial.

Si nadie advertía de anomalías, abundó el excargo del BNG, los políticos confiaban que "los expedientes estaban bien tramitados" según la propuesta del concejal competente. Según sintetizó, "los técnicos podrían advertir que no es una decisión correcta, de hecho el interventor presentó reparos a las facturas y podría haberlo hecho antes".

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