El gobierno del PSOE de Ourense contraatacó de una tacada al PP y Democracia Ourensana -rivales en el juzgado además de en lo político-, sacando del cajón una compra, en el año 2006, de 295 altavoces al comercio musical de Gonzalo Jácome, líder de DO, por parte del ejecutivo de Manuel Cabezas. La edil Áurea Soto registró una denuncia en el juzgado utilizando argumentos similares a los que han desencadenado la investigación de la calle Bedoya. La Fiscalía no vio motivos de delito y pidió el archivo. En un cúmulo de casualidades, la denuncia contra Jácome y el PP recayó en el juez Antonio Piña, el mismo al que Soto recusó en Bedoya por su supuesta afinidad con DO. Piña debe resolver ahora si decreta el archivo en el caso de los altavoces. Según Soto, también está por aclarar el estado de su personación y la posibilidad de tener que depositar una fianza, como en otros casos judicializados. El gobierno de Ourense, con su núcleo duro plagado de imputaciones -dos el alcalde, tres su predecesor, siete en total las dos primeras tenientes de alcalde- se queja de un trato desigual por parte de los jueces. La edil recuperó ayer este argumento tras declarar como imputada por la obra de Bedoya. La compra directa de altavoces, que nunca se utilizaron, al comercio de Jácome "es infinitamente más grave" que la adjudicación de la reforma. "Jácome, que tuvo una adjudicación a dedo, es el que denuncia", opuso. "No solo se saltó todos los peldaños, sino que la junta aprobó una factura que no entró hasta dos meses después", recordó la edil.
