Los representantes de las tres empresas que se presentaron simultáneamente a la adjudicación de la reforma de la calle Bedoya de Ourense abrieron ayer la fase de interrogatorios en la investigación de la obra concedida a dedo a finales de 2008 a OCA, S.A. por algo menos de 600.000 euros. Los empresarios están imputados por "la posible comisión de un delito de concertación de alteración del precio en concurso público", en un procedimiento negociado y sin publicidad que se llevó a cabo por el trámite de urgencia. Todo el gobierno de entonces -9 políticos de PSOE y BNG, de los que permanecen el actual alcalde y dos de sus ediles- también están imputados. Por indicios de prevaricación.
A preguntas del juez Leonardo Álvarez, que sustituye al titular del caso, Antonio Piña, hasta que se resuelva su recusación, los empresarios negaron la existencia de ningún arreglo con políticos o funcionarios del Concello de Ourense para recibir la adjudicación. No tenían relación personal ni profesional con cargos públicos, defienden. Según sus versiones, fueron invitados a participar en el expediente, ninguna sociedad se comunicó con la otra y desconocen el motivo de las coincidencias al detalle entre sus ofertas. Los tres proyectos tenían los mismos errores de impresión.
Padre e hijo, "independientes"
Según el auto de 10 de marzo en el que Piña relató sus sospechas de la causa, la adjudicataria de las obras, OCA, S.A., así como su filial S.A. de Betunes y Firmes, compartían participación empresarial y administradores. La sociedad Opain S.L completaba la terna con frecuencia en otros procedimientos negociados. Esta mercantil es administrada por Marcos R.O., un hijo del presidente de OCA, S.A., José R.A. Las propuestas de las tres sociedades -Betunes en una UTE con Orega, cuyo representante fue el tercero en declarar ayer- fueron registradas en el Concello de Ourense el mismo día y con un margen de solo cinco minutos.
Marcos R.O. dijo desconocer las similitudes ni por qué las tres ofertas se presentaron a la vez., si bien considera que la coincidencia se explica en que las unidades de obra son las mismas para todos. A su oficina llegó una invitación del ayuntamiento -era la primera vez- que no recuerda quién firmaba. Según su versión, nadie de los otros licitadores accedió a la propuesta elaborada por su equipo técnico y no sabía qué empresas habían recibido invitación. Su padre dirige OCA, S.A., la que resultó adjudicataria, pero entre ambas mercantiles, incidieron uno y otro, no hay relación empresarial, participación compartida de los miembros del consejo de administración ni participación social.
Para José R.A., un veterano en el mundo de la construcción y la obra pública, el discutido proceso de adjudicación era normal y habitual. Alguien que no identificó llamó por teléfono a su oficina y luego la propuesta llegó por fax. No recordaba ni las obras, que tampoco eran las primeras obtenidas en Ourense, ni tampoco quién de su equipo técnico redactó la propuesta. Eso sí, negó concertarse con la empresa de su hijo y la tercera propuesta, o que existieran contactos en la fase de elaboración.
Tampoco aclaró el imputado cómo podían ser idénticos los tres proyectos. Ni se "explica" por qué las tres propuestas tenían el mismo fallo de impresión en la hoja de valoración. El empresario contestó que conocía al exalcalde, Francisco Rodríguez, "como a otro ciudadano más". Tal y como declaró, no tuvo conversaciones con funcionarios, técnicos o políticos del Concello. La obra se paralizó por discrepancias con la institución municipal, completó el industrial.
El último interrogado ayer fue Santiago F.P., administrador único de Orega. También negó relaciones con las otras empresas. Admite que pudo tener algún contacto con el anterior empresario para constituirse en UTE con la filia de OCA, S.A., Betunes y Firmes. Como los otros dos citados, desconocía el motivo de las coincidencias entre empresas y asegura que su firma no intervino en la documentación, sino Betunes. También añadió que en procesos como el que se investiga "es usual que la oferta que hagan las empresas sigan el mismo proyecto de obra, el mismo formato". Hasta el punto de "copiar las mismas fotos de Google".
OCA, S.A. se comprometió a ejecutar las obras de la calle en un plazo de 4 meses, pero el tráfico estuvo cortado en la zona 8 meses. La ley exigía un concurso público para importes de adjudicación superiores a 200.000 euros de licitación, según recoge el auto de imputación. Sostiene el PP que los trabajos se habrían iniciado antes incluso de la firma del contrato y que el método elegido causó un sobrecoste de 220.000 euros, en comparación con un procedimiento en el que se permitiera la libre concurrencia de empresas. El directivo de la adjudicataria dijo ayer que la concesión provisional ya estaba hecha cuando empezó la obra.
Un directivo, en el PSOE
La investigación está en la vía penal por acción de Democracia Ourensana (DO), que también cuestionó la reforma paralela de Paz Nóvoa, adjudicada en la misma junta y derivada a otro juzgado hasta que se resuelva la petición de una de las partes para que las dos investigaciones se fundan en una sola. El partido de Jácome cree que la adjudicación de Bedoya se resolvió a favor de OCA S.A. porque un directivo de la mercantil es miembro de la agrupación local del PSOE y ocupó el número 14 en la candidatura socialista de 2011.
La supuesta "relación especial" y "amistad íntima" del juez al que recayó la denuncia, Antonio Piña, y de un miembro sin cargo público del núcleo duro de DO, sustentó el incidente de recusación al magistrado por parte del exalcalde de Ourense y la concejala de Urbanismo, Áurea Soto. La iniciativa desencadenó un retraso en el procedimiento de 3 meses con respecto al calendario inicial de interrogatorios. Francisco Rodríguez y Áurea Soto -que acumulan tres y cinco imputaciones en su haber, respectivamente- declaran hoy. Serán los primeros políticos en comparecer de la junta de gobierno local imputada por la adjudicación de las obras. También será interrogado esta mañana el primer teniente de alcalde del bipartito, Alexandre Sánchez Vidal, exmiembro del BNG.
La próxima semana se produce la mayoría de comparecencias. Además del asesor jurídico jefe, que ya fue interrogado a principios de año por el juez Piña, comparecerán el alcalde en su segunda declaración como imputado (jueves 26 de junio), su número dos, Marga Martín (viernes 27), o tres exediles del BNG.
Según abogados de los políticos, los imputados se basarán en que fueron meros asistentes a un órgano colegiado donde, al no existir reparos o informes contrarios en el momento de dar luz verde al expediente., se limitaron a votar. La propuesta fue elaborada y elevada a junta por la concejalía de Infraestructuras que entonces gestionaba Andrés García Mata, el primer político en prestar declaración como imputado en esta causa. A Mata y al asesor jurídico jefe, el juez les atribuía, además, un posible delito de fraude y exacciones ilegales. El asesor jurídico jefe, otro de los 13 imputados en este procedimiento, y el interventor municipal aseguraron a Piña que estuvieron en una reunión con el exedil en la que lo habrían advertido verbalmente de ilegalidad. Mata lo negó.
Cuando en marzo el juzgado comunicó el auto de citación en bloque -la resolución suponía entonces la primera imputación del alcalde-, el ejecutivo salió al paso. Negó todo ilícito penal y solo concedió un posible error de tramitación porque los plazos apuraban para no perder una subvención que sufragaba la reforma. Por eso la urgencia.
