La situación en la que se encuentra la residencia universitaria, ubicada en la zona de Las Lagunas, abocada al cierre después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificase en una reciente sentencia la anulación de la licencia de ocupación, así como las justificaciones que daba la edil de Urbanismo, Áurea Soto, provocaron la reacción del grupo municipal del Partido Popular, ante la "gravedad del asunto".

Así, la edil popular Mónica Mourelo no dudó en señalar a Soto como "única responsable" del cierre de la residencia universitaria, y le reprocha que en vez de tener como "estrategia dilatar" con la presentación de recursos -no así en otros asuntos-, se debería haber centrado en buscar soluciones para evitar que, como todo hace indicar, al menos por espacio de un año no pueda estar operativa, con lo que eso supone.

Lo que también quiso dejar claro Mourelo, en relación directa con las justificaciones dadas por la edil de Urbanismo, es que fue precisamente Soto la que concedió la licencia que ahora viene de anular el alto tribunal gallego, en función de que no se completó la urbanización del entorno de la residencia universitaria, como así se establecía en el convenio firmado en su momento entre el Concello y la empresa que gestiona la infraestructura.

"No se tenía que haber llegado a esta situación", proclama la edil popular, alegando que se debió buscar una solución desde el mismo momento en que se conoció la primera sentencia judicial y cumpliría, pero optó por otra línea: "cuando no tiene que recurrir recurre, y estas son las consecuencias", en alusión al pronunciamiento, hasta en dos ocasiones del alto tribunal gallego, que fueron en la misma dirección :anulación de la licencia.

Lo que tienen claro los populares, y así se lo trasladan a la edil de Urbanismo, es que en cuestiones de esta relevancia se deben dejar de lado "caprichos" y "enfrentamientos -en alusión al conflicto que mantiene con el promotor y secretario de la junta de compensación de Las Laguna-, y en el que dicen no entrar.

Además, sostiene Mónica Mourelo que Áurea Soto "nunca le debió dar licencia y exigir el cumplimiento del convenio de urbanización" a la empresa adjudicataria de las residencia universitaria. La concesión de la licencia es objeto de una investigación judicial, por la denuncia presentada por el promotor y en la que está imputada la edil de Urbanismo, así como el técnico municipal, funcionario interino y miembro de la ejecutiva local del PSOE, Bienvenido Fernández.

Para Mourelo la situación es fruto de una gestión "nefasta" que afecta directamente a los universitario, pero considera que también a los ciudadanos, y llegar a la judicialización es la consecuencia de la actuación de la edil de Urbanismo, que ahora pretende trasladar la responsabilidad al promotor por denunciar una situación de "ilegalidad" que viene de confirmar el TSXG.

Por su parte, el letrado del promotor, Antonio Feijóo, insistió ayer en la disposición que tiene la Junta de Compensación de dar una solución, a la vez que reiteraba su critica a la edil de Urbanismo por "omitir intencionadamente" el total de las alegaciones, y limitarse a entregar un folio.

Advierte Feijóo que se planteada en los Informes Técnicos y Jurídicos la prioridad de la urbanización del entorno de la residencia universitaria. Se trata de una instalación que acoge, no solamente a estudiantes o población universitaria, sino también a huéspedes de toda condición. No obstante, es innegable el interés en conseguir el funcionamiento en condiciones de plena legalidad de este equipamiento.

Un interés que, sin duda, también es predicable de la urbanización del resto del polígono (pues la urbanización es una función pública), y desde luego un interés que no debe primar sobre el interés legítimo que ostentan todos los propietarios en la urbanización y consiguiente edificación de las parcelas resultantes, señala el letrado.

Para que la actividad de la residencia universitaria pueda realizarse conforme a la legalidad vigente se hace imprescindible el otorgamiento de nueva licencia de ocupación, para cuya concesión es absolutamente inevitable la urbanización de todo su entorno conforme al planeamiento vigente.

Una vez que la empresa concesionaria Siresa Noroeste S.A. "incumplió total y absolutamente" su deber de urbanizar, que tendría que haber realizado con carácter simultáneo a la edificación, es la Junta de Compensación la que detenta el derecho-deber de urbanizar en exclusiva todo el polígono, incluido el entorno de la residencia.

En el tema de plazos, plantean dos fases, la primera para la urbanización de la residencia, que señalan su ejecución no llegaría al año.