Es en el apartado de "bases de ejecución" del informe de fiscalización en el que el interventor municipal revela que hay "un problema reiterado" y que lleva consigo los consiguientes reparos. Se trata de que en la tramitación de facturas en el Concello de Ourense, las conformidades técnicas prestadas a servicio y a las obras contratadas, a cargo de personal "carente de cualificación profesional", o que desarrollan puestos para los que están determinadas funciones ajenas o distintas de las que tienen legalmente encomendadas.

De ahí que el interventor plantea la necesidad de introducir en las bases de ejecución de presupuestos una regulación más "exhaustiva" relacionada con el procedimiento de tramitación de facturas, y sobre todo "de las personas capacitadas" para conformar los gastos realizados por las distintas áreas gestoras.

De ahí que advierte que de no normalizarse los procedimiento, la "indefinición" de los cargos que puedan conformar facturas puede provocar, como viene sucediendo, "devoluciones indeseables" de cara a la obtención de conformidades técnicas acordes con el contenido de las prestaciones al Concello de Ourense.

Responsabilidades

Sostiene el interventor que una modificación que determinase los puestos o cargos designados para ese fin -conformidad de facturas por servicios y obras- incrementaría "la exigencia de responsabilidades en la gestión pública", en la línea con los objetivos que señala la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y buen gobierno, que contempla la exigencia de responsabilidades para todos los que desarrollen actividades de relevancia pública.

Eso supondría que ante las posibles reclamaciones de responsabilidades, las mismas no repercutirían en las arcas municipales, como hasta ahora.

En lo relacionado con el anexo de Personal en el proyecto de presupuestos, el informe del interventor municipal alerta de que aunque se reproducen consignaciones efectuadas en ejercicios precedentes "no se introducen correcciones en función de la ejecución de los gastos", así como de las novedades legislativas que se produjeron desde la fecha del último presupuestos aprobado -en la actualidad el de 2012 prorrogado-, como las relacionadas con las restricciones a la contratación de nuevo personal o las que tienen que ver con el Fondo de contingencia".

Pero en lo que hace especial énfasis el interventor es que "se otorga un exceso de capacidad de gasto" a la concejal delegada de Personal, y por ende a la directora xeral, Carmen Rodríguez, cuyo nombramiento está recurrido en el Contencioso Administrativo, de entorno a 3 millones de euros, que "podrán transferir a otros servicios y finalidades", con el agravante de que estaría "al margen de cualquier control por el Pleno de la Corporación Municipal".

También subraya el interventor que debe existir una "congruencia inexcusable" entre la estructura por servicios que se refleja en el anexo de personal, y las consiguientes consignaciones crediticias realizadas "por distintas rubricas presupuestarias, siendo esta coherencia interna inexistente en el expediente de proyecto de presupuestos", con un importe de 34,7 millones, el 38% del gasto corriente.