El caso Bedoya se reinicia con un retraso de tres meses por la recusación sin resolver del juez Piña

Leonardo Álvarez, el sustituto, interroga hoy a los empresarios de las ofertas que se presentaron a la vez »El exalcalde y la edil de Urbanismo, los imputados que cuestionaron al decano, declaran mañana

18.06.2014 | 01:33

Después de una demora de tres meses, la investigación judicial de las obras de Bedoya se reactiva. Ha llovido desde marzo sin que se vislumbre aún una solución. Los interrogatorios a los imputados por las supuestas irregularidades de la adjudicación del año 2008 se retoman hoy con un guion de circunstancias. Antonio Piña, el juez que instruyó la denuncia de Democracia Ourensana y acordó citar en bloque a todos los miembros de la junta de gobierno que aprobaron el procedimiento, está al margen de su caso. La Audiencia no ha resuelto todavía el incidente de recusación planteado por dos de los imputados, el exalcalde, Francisco Rodríguez, y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, tras revocar una decisión previa y conceder su tramitación. Al magistrado decano de Ourense, titular de Instrucción Número Dos, lo reemplaza desde hoy su sustituto legal, el responsable de Instrucción Uno, Leonardo Álvarez.

Los empresarios de las tres ofertas vinculadas que concurrieron al proceso negociado y sin publicidad abren esta mañana los turnos de declaraciones. Comparecen con abogado. En un auto de 10 de marzo que no se ha visto alterado por el proceso de recusación, el juez Piña les atribuyó "la posible comisión de un delito de concertación de alteración del precio en concurso público". La adjudicataria de las obras, OCA, S.A., así como su filial S.A. de Betunes y Firmes, compartían participación empresarial e incluso administradores. La tercera sociedad, Opain S.L, completaba la terna con frecuencia con las dos anteriores en otros procedimientos negociados. Según la causa, las empresas invitadas registraron sus propuestas en el Concello de Ourense con un margen de solo cinco minutos.

La declaración de los empresarios es el paso previo al desfile por los juzgados de los 9 políticos de PSOE y BNG, ya retirados o en activo, que están llamados a declarar como imputados, de un total de 13 personas. Mañana es la hora de los dos que recusaron al juez, el exalcalde y la concejala de Urbanismo, así como del primer teniente de alcalde del bipartito, Alexandre Sánchez Vidal, que ya fue acusado y después absuelto por el caso de los paneles.

La junta de gobierno de 4 de septiembre de 2008 va al juzgado por aprobar, en una reunión ejecutiva presidida por el exalcalde, un proceso sin publicidad ni informes fiscalizadores, por el trámite de urgencia, para reurbanizar Bedoya por menos de 600.000 euros. La ley exigía libre concurrencia a partir de 200.000 euros, según el auto de imputación. La adjudicataria OCA, S.A. se comprometió a realizar las obras de la calle en un plazo de 4 meses, pero el tráfico permaneció cortado en la zona un total de 8. Según el PP, los trabajos se habrían iniciado incluso antes de la firma del contrato y el método elegido dejó un sobrecoste de 220.000 euros. Cinco años después de la discutida adjudicación, las obras llegaron a vía penal por acción de Democracia Ourensana (DO).

La próxima semana se concentra el grueso de comparecencias, si el calendario no sufre alteraciones. Además del asesor jurídico jefe, que ya fue interrogado a principios de año por el juez Piña, comparecerán el alcalde en su segunda declaración como imputado (jueves 26 de junio), su número dos, Marga Martín (viernes 27), o tres exediles del BNG que también asistieron a la junta.

Cuando en marzo fue comunicado el auto de citación en bloque, el ejecutivo dio sus razones. Negó todo ilícito penal y solo reconoció un posible error de tramitación porque los plazos apuraban entonces, sostiene, para no perder una subvención que sufragaba la reforma. El gobierno socialista puntualizó, además, que la propuesta procedía de la concejalía de Infraestructuras que entonces gestionaba Andrés García Mata, que posteriormente se convirtió en teniente de alcalde, y fue el primer político en prestar declaración como imputado en esta causa. A García Mata y al asesor jurídico jefe, el juez Piña les atribuía, además, un posible delito de fraude y exacciones ilegales. El funcionario dijo que advirtió de ilegalidades al exedil. Este lo negó.

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