El macrojuicio por tráfico de drogas con 21 acusados, 15 abogados y 40 testigos para el que la Audiencia de Ourense reservó cuatro días se resolvió ayer en quince minutos con un pacto de conformidad firmado por todos los implicados. El fiscal, que admite una dilación indebida "muy cualificada" y la atenuante de toxicomanía en cinco de los inculpados, contactó previamente con las defensas a las que propuso modificar su acusación y rebajar a un año y medio de prisión las penas propuestas de forma que ninguno de los inculpados ingresará en prisión por unos hechos ocurridos hace siete años. A una de ellas incluso se le retiraron los cargos. La reducción de penas es sustanciosa al pasar de los tres años y medio y los seis años y ocho meses solicitados para uno de los acusados al que también se le atribuye tenencia ilícita de armas.
La investigación que les llevó a abarrotar las primeras filas de la sala de vistas se inició en 2007. Los detenidos, cada uno con su rol, habían estructurado una red que compraba y traía hachís de Marruecos para distribuirlo por los municipios de Esgos, Nogueira de Ramuín y Maceda centralizando las ventas, también de cocaína, desde domicilios situados en Ourense, Barbadás y Pobra de Trives, entre otros. De gestionar los contactos se encargaban el exempleado de una empresa de mensajería urgente Marcial G.G., de 50 años, y su esposa Teresa de Jesús N.P.. El acusado se valía de la furgoneta rotulada para justificar sus continuos desplazamientos y el uso frecuente de teléfonos móviles.
El Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) realizó escuchas telefónicas y seguimientos durante meses hasta desmantelar la red con las detenciones y los registros domiciliarios. Siete años después, algunos de los acusados se personaron ante el tribunal de la Audiencia encapuchados, con gafas e incluso pelucas para ocultar su rostro durante los minutos que pudieron ser fotografiados.
