El delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, mantiene su compromiso de dejar el cargo si se expone a una condena. No erosionará, como los siete ediles de Santiago procesados en pleno, la imagen del PP. Pero la renuncia llegaría en el momento en que el juicio sea inexorable y próximo, una vez agotada la posibilidad de recursos, también por vía extraordinaria, en un procedimiento que se dilata desde el año 2006, cuando el BNG denunció el supuesto fraude en ayudas de Europa para proyectos en ejecución en 1999 y 2000.
Un día después de que la Audiencia ordenara continuar el proceso contra él y los otros nueve imputados por el presunto uso irregular de fondos del Plan Leader en su etapa de alcalde de Arnoia, Martínez resolvió ayer: "No me sentaré en ningún banquillo siendo delegado de la Xunta de Galicia".
Tras la última resolución de este caso, el juez instructor de Ribadavia emplazará a las partes para que presenten sus escritos de acusación o pidan el archivo. BNG y Asociación para o Progreso de O Ribeiro, la acción que impulsa el PSOE, ya los registraron el pasado mes de octubre. La oposición culpa culpa al delegado de cuatro delitos en la gestión de fondos europeos cuando el popular aún era alcalde de Arnoia. Obras que nunca se realizaron y se traducen en posibles cargos de malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude en subvenciones públicas. Los dos partidos solicitan penas de cárcel: de 7 a 17 años, además de peticiones de multas y largos periodos de inhabilitación pública.
En cambio, la Fiscalía solicitará una vez más el sobreseimiento al considerar que los hechos, de ser ilícitos, han prescrito. Rogelio Martínez entiende que este es un elemento para calibrar su caso. Ayer se mostró "muy decepcionado" por poder acabar en el estrado "sin saber de qué estoy acusado y con el argumento del fiscal pidiendo el archivo".
No será "obstáculo para el PP"
El delegado y su defensa estudiarán el auto de la Audiencia sin descartar la opción de acudir en amparo, en este momento procesal, ante el Tribunal Constitucional. Como recuerda el delegado, "hay otros imputados y con que uno decida tomar algún tipo de acción, ya vincularía", apostilló. Después, aún "habría que dictar auto de apertura de juicio oral y fijar una fecha". Ni siquiera el señalamiento, que sería a varios meses vista, tiene por qué suponer su salida inmediata, según avanza. En todo caso, promete que no será "un obstáculo para el PPdeG".
Martínez, al que el PSOE también pide investigar por el caso de las depuradoras de la Diputación sufragadas con fondos europeos, lamenta que la Audiencia no haya entrado a valorar si los hechos están o no prescritos, individualizando la responsabilidad de cada imputado.
El delegado recordó que los escritos de la Fiscalía argumentan que "no existen delitos porque prescribieron y porque la cuantía no llegaba al mínimo para ser delito de fraude en subvención". Como él mismo reconoce, esperar a valorar ambos supuestos en un juicio "es demasiado tarde" para un cargo público. "Para un cargo público también existe la pena de banquillo", señaló ayer a este periódico.
