El PSOE de la Diputación debe pagar 3.000 euros de fianza o quedará fuera del caso de las depuradoras

La declaración en calidad de testigo de un exconcejal del PP se pospuso hasta el próximo viernes

14.06.2014 | 01:50
Arcos, abogado del PSOE.

La declaración como testigo de un exconcejal del PP de Ourense por el caso de las depuradoras instaladas en el rural por la Diputación se retrasa. Por un error en las notificaciones del juzgado de Instrucción Número Dos, donde se investiga un supuesto fraude en el uso de fondos comunitarios según la propia UE, las partes se enteraron ayer de que, a finales de mayo, el juez fijó 3.000 euros de fianza al PSOE como condición para ser acusación popular en el procedimiento.

Se suspendió la comparecencia de Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, un funcionario jefe de la institución provincial que fue edil del PP en la capital hasta 2011. Como jefe del Negociado de Fondos Europeos en la época analizada, redactó el programa de los dos proyectos aprobados por la UE. También estaban citados los representantes de la adjudicataria del suministro de depuradoras -la que, según Europa, recibió información privilegiada y trato de favor-, así como de una firma a la que se otorgó la redacción de asistencias técnicas.

El grupo provincial socialista, que trasladó junto al BNG el informe de la OLAF que veía varios posibles delitos en el suministro y asistencias técnicas de 104 depuradoras, dispone ahora de 5 días para depositar el importe. En caso contrario quedará apartado del proceso. El PSOE apelará la resolución pero, vista la postura de los jueces en Ourense en casos como el de las asistencias técnicas del Concello, no se presume otro criterio en la Audiencia. Los socialistas deciden el lunes si la afrontan.

La investigación reabierta a instancias de la Oficina Europea Contra el Fraude mantiene como único imputado a Javier Bobe, jefe de servicios de Aguas y Medio Ambiente de la Diputación. Fue esta parte la que pidió al juez la imposición de una cuantía para que el PSOE pudiera intervenir en las diligencias que se siguen por presunta estafa, en todos los supuestos. Antonio Piña, el juez que lleva el caso, pone el foco en 2003 y 2004, época en la que José Luis Baltar, que será juzgado a finales de mes por su presunto enchufismo, era presidente y se pusieron en marcha los planes Daredo y Deputrans.

Al margen de los juzgados, la Diputación se expone a devolver 10,1 millones de euros de cofinanciación reclamados por Bruselas. La administración quiere que Hacienda posponga la retención hasta resolución firme por vía penal.

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