Dos agresiones sufridas en un plazo de apenas unos meses por sendos funcionarios del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los juzgados vigueses llevó esta semana a la oficina a remitir un escrito a la Xunta exponiendo la situación e instando la adopción de alguna medida tendente a garantizar la seguridad de los trabajadores ante una posible situación conflictiva. La comunicación incluye una solicitud de uno de los funcionarios lesionados en donde propone, entre otras soluciones, "medios de defensa" para repeler hipotéticas agresiones y "formación en materias relativas a defensa personal". Pero la Administración autonómica no contempla, al menos por el momento, la realización de este tipo de cursos: fuentes de la Consellería de Presidencia no se pronunciaron sobre esta petición, señalando que hay medios ya que, en el caso de que con antelación se sospeche que pueda tratarse de una diligencia conflictiva, estos trabajadores ya van acompañados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que si tienen algún problema cuando están realizando la notificación pueden solicitar "al momento" esa protección policial.

La oficina de notificaciones y embargos, dotada de una veintena de funcionarios de los que 16 son los encargados de salir a la calle para realizar diligencias, tiene entre sus cometidos la ejecución de desahucios y embargos, así como notificar a diario decenas de citaciones, requerimientos o emplazamientos, labor que los trabajadores hacen en persona en domicilios particulares, empresas, etc. Precisamente, las dos agresiones registradas se produjeron en diligencias de notificación de citaciones para procedimientos civiles, gestiones a priori exentas de conflictividad.

La Xunta no se pronunció ayer sobre los medios que piden los trabajadores, señalando que tal y como está organizado el servicio en la actualidad ya hay medidas tendentes a garantizar la protección de los funcionarios, apuntando concretamente a la protección policial. "Lo que se hace cuando se cree que pueda ser una situación conflictiva, como en algunas ocasiones sucede con desahucios o embargos, es que siempre van acompañados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", dicen las fuentes oficiales, que añaden que si el problema se produce en una diligencia que en un principio no parecía problemática, se puede pedir esa protección "al momento" y las fuerzas policiales se trasladan al lugar.

Funcionarios señalan que si bien saben que cuentan con esa protección policial, cuando se produce un incidente en el mismo momento de la notificación, deben esperar a que la patrulla se traslade. Asimismo, resaltan que también realizan notificaciones en horario nocturno. "Vamos solos con el único apoyo de una carpeta, bolígrafo y teléfono móvil", afirman.